The White House announced that it would nominate Randy Quarles to a vacant seat on the Federal Reserve’s Board of Governors
The White House announced that it would nominate Randy Quarles to a vacant seat on the Federal Reserve’s Board of Governors
Quarles would take the lead on rolling back any banking regulation under the Trump administration as vice chairman for...
Quarles would take the lead on rolling back any banking regulation under the Trump administration as vice chairman for supervision, a post created by the 2010 Dodd-Frank Act …
Read the full article here.
Drafts on Scaffold Sought
Times Union - August 21, 2014, by Casey Seiler - The...
Times Union - August 21, 2014, by Casey Seiler - The Center for Popular Democracy, a labor-backed advocacy group that supports New York's controversial Scaffold Law, wants to see all the drafts of a controversial report authored by SUNY's Nelson A. Rockefeller Institute of Government and paid for by the Lawsuit Reform Alliance, a business-backed organization that opposes Scaffold Law.
The Alliance paid almost $83,000 for the Institute's analysis of the law's economic impacts. That report, made public in February, has been the subject of fierce debate — over both the details of the study as well as larger issues of academic integrity. The Rockefeller Institute, which insists its work was done with independence and integrity, subsequently backed away from the most controversial chapter of the report, which included a statistical analysis that concluded gravity-related accidents fell in Illinois after the state ditched its version.
The law, which places "absolute liability" on employers for gravity-related workplace injuries, is supported by labor unions but opposed by business groups that claim it needlessly drives up construction costs. Opponents would like to see New York follow other states by adopting a "comparative negligence" standard that would make workers proportionately responsible when their actions contribute to an accident.
An initial Freedom of Information Law request from the Center for Popular Democracy resulted in SUNY's release of email communications between Rockefeller Institute researchers and Tom Stebbins of the Lawsuit Reform Alliance — contact that was required by the contract for the report.
On appeal, SUNY released an initial draft copy of the report that had been attached to one of those emails. The Times Union last week offered a side-by-side comparison of the draft and final versions. Changes between the two tended to increase the report's toll of the cost and impact of the law, though the researchers argue those edits represented good-faith efforts to seek the best data. The Center is now requesting to see all interim drafts of the report submitted to the Lawsuit Reform Alliance for review. "Given that the anti-worker groups behind this debunked report are still trying to use its flawed findings to weaken New York's safety laws, SUNY should release all of the drafts that we know exist," said Josie Duffy, a policy advocate with the group.
Source
NYC debe apoyar a la numerosa población inmigrante para asegurar una fuerza laboral exitosa
NYC debe apoyar a la numerosa población inmigrante para asegurar una fuerza laboral exitosa
Marta tiene dificultad para encontrar trabajo últimamente. Con frecuencia, cuando va a solicitar empleo haciendo comida...
Marta tiene dificultad para encontrar trabajo últimamente. Con frecuencia, cuando va a solicitar empleo haciendo comida o labores domésticas, lo primero que le preguntan es, “¿Habla inglés?” Marta siempre responde la verdad, que solo sabe un poco.
Con frecuencia, los empleadores la rechazan porque quieren personas que dominen el inglés. “Estos días, la verdad que es muy difícil conseguir trabajo”, dijo Marta.
La ciudad de Nueva York tiene la población inmigrante más diversa entre todas las grandes metrópolis del mundo. Los inmigrantes constituyen más de 40% de la población y casi la mitad de la fuerza laboral de la ciudad.
Pero la ciudad enfrenta una paradoja: si bien la tasa de empleo entre los inmigrantes es más alta que la de los oriundos de Nueva York, un porcentaje desproporcionado de aquellos tienen empleos con poca paga, sus ingresos promedio son más bajos que los de las personas nacidas allí y, con frecuencia, se ven más afectados por la pobreza. Muchos de ellos, al igual que Marta, tienen conocimientos limitados de inglés, lo que puede dificultar que encuentren un trabajo bien remunerado.
Desde que el alcalde de Nueva York Bill de Blasio asumió el mando hace poco más de dos años, la ciudad ha comenzado a reestructurar el sistema de desarrollo de la fuerza laboral, lo que crea una oportunidad importante de eliminar las injusticias que enfrentan los neoyorquinos inmigrantes.
El nuevo marco de la ciudad para su sistema de desarrollo de la fuerza laboral, llamado Career Pathways, promete invertir un nivel sin precedente de fondos en capacitación laboral y educación orientado a los trabajadores más vulnerables de la ciudad, para asegurar que la inversión de la ciudad en la fuerza laboral sea uniforme en las diversas agencias municipales y colaborar con los empleadores y otras partes interesadas a fin de mejorar la calidad de los empleos con salarios más bajos en la ciudad.
Ahora que se está implementando el nuevo marco para el desarrollo de la fuerza laboral, se debe aprovechar la oportunidad para asegurar que se atiendan las necesidades de la numerosa fuerza laboral inmigrante de Nueva York. La gran mayoría de los trabajadores en las ocupaciones de mayor crecimiento en la ciudad, desde auxiliares de servicios de salud a domicilio hasta obreros de construcción, enfermeros diplomados y programadores de computadoras, son inmigrantes. Como tal, los trabajadores inmigrantes son fundamentales para la vitalidad económica de la ciudad, y su éxito debe ser primordial en la reforma del sistema laboral de la ciudad.
Los trabajadores inmigrantes y postulantes a empleo enfrentan muchas barreras singulares que limitan su superación en la fuerza laboral. Por ejemplo, un número considerable de inmigrantes no hablan inglés bien y tienen, en promedio, un nivel más bajo de educación formal.
Al mismo tiempo, hay miles de inmigrantes con grados universitarios u otras credenciales educativas que no se reconocen en Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen otra opción que realizar trabajos en los que no se aprovechan del todo sus aptitudes y talento. Además, entre los trabajadores con salarios bajos, que son mayormente inmigrantes, la explotación es algo común. Esto es particularmente cierto en el caso de los trabajadores indocumentados y quienes trabajan en la economía informal.
El éxito del plan de Career Pathways depende de su capacidad de eliminar las principales barreras que enfrentan los neoyorquinos inmigrantes. Un informe preparado conjuntamente por el Center for Popular Democracy y Center for an Urban Future identifica estas barreras y describe una estrategia coordinada para enfrentar los obstáculos que impiden que los trabajadores inmigrantes alcancen plenamente su potencial.
Específicamente, la ciudad y las entidades privadas que financian la fuerza laboral deben invertir en clases de inglés, educación de adultos y programas de capacitación y titulación para trabajadores con diversos niveles educativos y de dominio de inglés. Esto les permitiría aprender las destrezas que necesitan para ser competitivos en la fuerza laboral y evitaría que se estanquen en empleos con poca paga.
En segundo lugar, la ciudad debe asegurar que los trabajadores inmigrantes estén enterados de estos servicios al asegurarse de que se ofrezcan en los vecindarios donde los inmigrantes viven o trabajan. Una gran manera de hacerlo es asociarse con organizaciones sin fines de lucro en las comunidades inmigrantes y asegurar que los fondos disponibles estén llegando a los programas laborales en las comunidades inmigrantes.
Finalmente, una estrategia de desarrollo de la fuerza laboral que es eficaz para los inmigrantes debe mejorar la calidad de los empleos con salarios bajos que ocupan a tantos de ellos. Esto incluye mejorar las leyes de protección laboral y velar por su cumplimiento, algo que con frecuencia no se hace, además de lograr un sueldo mínimo más alto y acceso a licencia pagada por enfermedad. Los mismos empleadores son una parte importante de esta conversación, y la ciudad debe usar su influencia para ayudarlos a mejorar la calidad de sus empleos peor pagados.
Sin un enfoque coordinado para asegurar que los servicios de desarrollo laboral estén atendiendo a los inmigrantes, el plan de la ciudad corre el riesgo de pasar por alto a un grupo enorme de trabajadores y personas que buscan empleo. En este momento tenemos la oportunidad de asegurar que se incluyan a los inmigrantes como parte esencial de este plan.
By Kate Hamaji & Christian González-Rivera
Source
Host of issues converge to bring about scrutiny of NY Fed pick
Host of issues converge to bring about scrutiny of NY Fed pick
Progressive groups focus on unemployment. The "Fed Up" campaign has advocated keeping monetary policy stimulus in place...
Progressive groups focus on unemployment. The "Fed Up" campaign has advocated keeping monetary policy stimulus in place longer to drive unemployment lower. Fed officials, including John Williams, have favored raising the federal funds rate in small steps to avoid stimulating the economy too much and generating a large burst of inflation that could prove difficult to control.
Read the full article here.
Puerto Rico Is Not Ready for 2018 Hurricane Season, Advocates and Members of Congress Warn
Puerto Rico Is Not Ready for 2018 Hurricane Season, Advocates and Members of Congress Warn
Power 4 Puerto Rico is described as a coalition seeking to push Congress to “put Puerto Rico’s economy on the road to...
Power 4 Puerto Rico is described as a coalition seeking to push Congress to “put Puerto Rico’s economy on the road to future growth and prosperity.” The Tuesday call was led by former New York City Council Speaker Melissa Mark-Viverito, now the coalition’s campaign director and a senior advisor to the Latino Victory Project. Rep. Adriano Espaillat (D-NY), Frankie Miranda, senior vice president for the Hispanic Federation, and Ana María Archila, co-executive director for the Center for Popular Democracy, were also on the call.
Read the full article here.
Multiple Arrests In Midtown During May Day Protests Outside Banks
Multiple Arrests In Midtown During May Day Protests Outside Banks
Hundreds of labor and immigrant advocates marched through east midtown early Monday in a demonstration against...
Hundreds of labor and immigrant advocates marched through east midtown early Monday in a demonstration against corporations which they say are profiting from President Trump's agenda—one of a series of May Day protests scheduled to take place throughout the city (and beyond) on Monday.
The specific targets of this action, according to organizers from Make The Road New York, are the Wall Street banks that help finance private prisons and immigrant detention centers. To that end, organizers said twelve protesters were arrested for peaceful civil disobedience while blocking the entrances outside of JPMorgan Chase, which is one of the companies named in Make The Road's and the Center for Popular Democracy's Backers Of Hate campaign.
Read full article here.
The public compact
The public compact
It is always amusing to be the subject of a John McClaughry jeremiad. While I don’t mind being labeled as the “foremost...
It is always amusing to be the subject of a John McClaughry jeremiad. While I don’t mind being labeled as the “foremost defender” of public education, he insists on giving me full personal credit for what is a state school board position.
In the instant case, John appears to be affronted by the suggestion that private (independent) schools that take public money must actually be held accountable for that money. This principle is at the core of the state board’s review of the independent school rules. Now this seems like a straightforward and fundamentally democratic concept that is generally accepted, but it has been a long-standing problem for some.
The law (16 VSA 166) provides a list of reporting requirements for independent schools if they want to chow down at the public trough. Unfortunately, as far back as the 1914 Carnegie Commission, we find evidence of the refusal of some independent schools to provide private school data even though it was the law of the land. (At that time, the Cubs were still basking in the glory of their World Series victory.)
The second paramount principle is that we have to educate all the children — regardless of needs and handicaps. That’s a necessity in a democracy. Denying a child admission on the basis of a handicap is, in most cases, illegal. Furthermore, it’s wrong. Public schools serve every child. The false fear John peddles is that the private school can’t afford to serve these children. That’s incorrect. It’s really quite simple. While great eruptions of umbrage are displayed, this problem has been solved for years. The private school contracts with (or hires) a specialist who bills the costs back to the public school. Approval in a given area requires that one sheet of paper be filed with the state. As simple as the solution actually is, some independent schools refuse to adopt an equal opportunity policy.
Instead, John proposes that Vermont “clone” Florida’s McKay Scholarship program where parents can choose the school for their handicapped child. That hasn’t worked out too well. If you think a “business management class” that sends students onto the street to panhandle is an acceptable education, then the McKay program may be just your thing. The Florida Department of Education has uncovered “substantial fraud,” including schools that don’t exist, non-existent students, and classes held in condemned buildings and public parks. And the state of Florida does not have the staff to adequately monitor the program. This is a recipe for abuse. Last May, the Center for Popular Democracy estimated that $216 million in charter school money went out the back door.
Finally, John raises the cost question and says private school scholarships would be “less expensive.” Yet he also criticizes the cost of the state’s excess public school capacity. Now let’s look at Vermont’s private independent school numbers. In 1998, there were 68 independent schools, and by 2016, the number had exploded to 93. In the decade 2004-14, independent school enrollments went down from 4,361 to 3,392. A 37 percent increase in schools with a 29 percent drop in students suggests somebody needs to revisit their business plan.
Taking it all together, (1) all who profit from the public treasury must be accountable for that money, (2) children have the right to be admitted to private schools, free of discrimination, on an equal opportunity basis, (3) private schools are a part of our system, (4) the public purse must be protected from fraud and abuse, and (5) directly or indirectly building and operating a parallel school system would be inordinately expensive and wasteful. Do these principles sound reasonable?
William J. Mathis is managing director of the National Education Policy Center and a member of the Vermont state Board of Education. The views expressed here are his own and do not represent the views of any group with which he is associated.
Source
The #Resistance Trump ignited will shape politics for a generation
The #Resistance Trump ignited will shape politics for a generation
Jennifer Mosbacher cried in a doctor’s office the morning after Donald Trump’s election, unable to control herself...
Jennifer Mosbacher cried in a doctor’s office the morning after Donald Trump’s election, unable to control herself during a routine physical. The 43-year-old Atlanta suburbanite had avoided politics her entire life but was overcome with shock by an outcome she never saw coming.
Read the full article here.
Scaffold Law Debate Heats Up Over Dueling Reports on Safety and Costs
Legislative Gazetter - April 21, 2014, by Matthew Dondiego - A new report released last Thursday by a pro-labor, pro-...
Legislative Gazetter - April 21, 2014, by Matthew Dondiego - A new report released last Thursday by a pro-labor, pro-immigrant rights advocacy group criticizes the construction industry for using what they call misleading figures and cherry picking data to lobby against the state's controversial "scaffold law."
The scaffold law is a century-old law in place to protect worker's rights. Under the law, contractors and property owners serving as contractors are responsible for providing a safe work environment for their employees or become liable for any on-site injuries and accidents.
Opponents of the law point out that contractors are fully liable for workers' injuries even if it is determined the worker is at fault. Opponents say it is outdated and causes construction costs to rise due to the increased costs of insurance premiums. Supporters of the law say it provides common sense protection for workers performing a dangerous job and maintain that contractors are not held liable in court if proper safety precautions are in place.
The new report, titled Fatally Flawed and released by the Center for Popular Democracy, which is supported financially by the New York State Trial Lawyers Association and labor unions, is a scathing criticism of a Rockefeller Institute study — which is frequently referenced by the construction industry — that concluded the scaffold law resulted in an additional 667 work site injuries and adds about $3 billion in additional costs to construction projects in New York state each year.
According to last week's report, the oft-cited Rockefeller Institute study is "fundamentally biased" and calls the New York Civil Justice Institute, which paid $82,800 to commission the Rockefeller study, "a poorly-disguised front group" for the construction industry aligned Lawsuit Reform Alliance of New York. According to the report, the Lawsuit Reform Alliance of New York and the New York Civil Justice Institute share the same address, 19 Dove St, Suite 201, Albany, N.Y., and the same telephone and fax numbers.
"This [Rockefeller Institute] study was bought and paid for by the construction industry," Josie Duffy, a staff attorney for the Center for Popular Democracy. "This is a direct result of people who do not like the scaffold law for business reasons, paying for this report to be released."
On the claim that the scaffold law contributed an additional 667 injuries, the report says the Rockefeller Institute "confuses correlation with causation."
This claim, according the Center for Popular Democracy, is based on worker injury rates in "sub-sectors and non-construction industries," such as warehouse work, transportation, roofing, residential building construction, manufacturing, wholesale trade and utilities industries, and are compared to the rest of the nation.
"The authors assert that these differences are greater in New York and attribute these greater differences entirely to the scaffold law," the new report reads. "There is simply no basis to conclude that the scaffold law is the cause of these differences. Indeed, the authors provide no justification for comparing injury rates in construction with injury rates in less hazardous industries, or using those differences as a proxy for the impact of the scaffold law."
Duffy bluntly says that the scaffold law does not cause an increase in workplace accidents. She says the Rockefeller Institute's study, which was released in February, lacks factual evidence that the law makes work sites more dangerous and "that number is coming from nowhere."
"To me, that is the most egregious part of this whole report," Duffy said.
Despite the strong words used in the report and by Duffy, Tom Stebbins, executive director of the Lawsuit Reform Alliance of New York, says that the Rockefeller report "conclusively" found the law made construction sites more dangerous for workers.
He said that absolute liability for contractors creates "perverse incentives" for workers.
"Workers are not incentivized because they are never held responsible and contractors are not incentivized because they are guilty in nearly every circumstance," Stebbins said. "Only by apportioning liability to fault, as is done in every other state and every other part of our civil justice system, can we maintain balance and improve safety."
According to Stebbins, the report released by the Center for Popular Democracy last week is a "political hit piece, with no statistical merit or actual research of any kind. They cannot get researchers to back up their opinions, because the facts do not support the scaffold law."
Stebbins argues that absolute liability causes the insurance markets to treat sites with sterling safety records the same as companies with less stringent safety precautions. Opponents of the scaffold law say that absolute liability holds the company liable for the worker injuries regardless of who is actually found to be at fault.
Duffy however, said that companies are not automatically found to be liable for injuries sustained by workers on construction sites and are typically safe from injury-related costs so long as they had the proper safety precautions in place.
"What absolute liability means is that you have to pay for the costs of the injuries … and that's only going to happen if you're breaking the law," she explained. "What this law says is there has to be some level of protection for workers."
According to Duffy, under the law companies still hold the right to argue their case in court and they are not automatically found responsible for every injury.
"It's important that employers get to have their voices heard in law, I support that this law allows people to get their voices heard on both sides and that's a very, very real protection," she said "Nothing happens automatically in this law and you can't even be taken to court unless your breaking the law in the first place."
The report also criticizes the Rockefeller Institute for failing to take into consideration certain conditions in New York that may affect the injury rates in the state. Such measures include New York generally has more high-level construction works which may drive up injury rates and New York construction workers are more likely to be union workers and therefore are more likely to report injuries. According to the report, Texas has one of the lowest construction injury rates yet is among the highest in construction fatality rates.
According to the report, "Such low-injury-rate states have artificially suppressed the US injury rate, which the paper nonetheless compares to the New York rate."
"This is a law that protects construction workers. Construction workers are doing a really difficult job and they're doing it every day and they are growing our economy," Duffy said. "Construction workers are literally the bread and butter of what makes New York City, New York City … and this is a state of construction."
Assemblyman Francisco Moya, a Democrat from Queens, said the Center for Popular Democracy's report "injected some truth into the politically-charged debate surrounding the scaffold law."
"Many untruths have been lobbed at the scaffold law in an attempt to dismantle it. This report makes clear that those untruths have unfortunately been crafted by parties who have a financial interest in watering down workplace protections," Moya, a staunch supporter of the law, said in an e-mail. "When it comes to life and death decisions about workplace safety, there's no room for politics. It has to be about facts. And the fact is that the Scaffold Law protects workers. That's the real bottom line."
Source
Photo Flash: Scarlett Johansson's OUR TOWN Reading Raises $500K for Puerto Rico Relief
Photo Flash: Scarlett Johansson's OUR TOWN Reading Raises $500K for Puerto Rico Relief
"We are deeply grateful to Scarlett Johansson, Kenny Leon and everyone involved in the production of this play for...
"We are deeply grateful to Scarlett Johansson, Kenny Leon and everyone involved in the production of this play for stepping up and contributing their talent to help towards the equitable and just rebuilding of Puerto Rico. This event demonstrates the importance of collective solidarity and responsibility and how powerful it is when we come together to help our communities," said Xiomara Caro, Director of New Organizing Projects for the Center of Popular Democracy and coordinator of Maria Fund.
Read the full article here.
1 month ago
1 month ago