NYC debe apoyar a la numerosa población inmigrante para asegurar una fuerza laboral exitosa
NYC debe apoyar a la numerosa población inmigrante para asegurar una fuerza laboral exitosa
Marta tiene dificultad para encontrar trabajo últimamente. Con frecuencia, cuando va a solicitar empleo haciendo comida...
Marta tiene dificultad para encontrar trabajo últimamente. Con frecuencia, cuando va a solicitar empleo haciendo comida o labores domésticas, lo primero que le preguntan es, “¿Habla inglés?” Marta siempre responde la verdad, que solo sabe un poco.
Con frecuencia, los empleadores la rechazan porque quieren personas que dominen el inglés. “Estos días, la verdad que es muy difícil conseguir trabajo”, dijo Marta.
La ciudad de Nueva York tiene la población inmigrante más diversa entre todas las grandes metrópolis del mundo. Los inmigrantes constituyen más de 40% de la población y casi la mitad de la fuerza laboral de la ciudad.
Pero la ciudad enfrenta una paradoja: si bien la tasa de empleo entre los inmigrantes es más alta que la de los oriundos de Nueva York, un porcentaje desproporcionado de aquellos tienen empleos con poca paga, sus ingresos promedio son más bajos que los de las personas nacidas allí y, con frecuencia, se ven más afectados por la pobreza. Muchos de ellos, al igual que Marta, tienen conocimientos limitados de inglés, lo que puede dificultar que encuentren un trabajo bien remunerado.
Desde que el alcalde de Nueva York Bill de Blasio asumió el mando hace poco más de dos años, la ciudad ha comenzado a reestructurar el sistema de desarrollo de la fuerza laboral, lo que crea una oportunidad importante de eliminar las injusticias que enfrentan los neoyorquinos inmigrantes.
El nuevo marco de la ciudad para su sistema de desarrollo de la fuerza laboral, llamado Career Pathways, promete invertir un nivel sin precedente de fondos en capacitación laboral y educación orientado a los trabajadores más vulnerables de la ciudad, para asegurar que la inversión de la ciudad en la fuerza laboral sea uniforme en las diversas agencias municipales y colaborar con los empleadores y otras partes interesadas a fin de mejorar la calidad de los empleos con salarios más bajos en la ciudad.
Ahora que se está implementando el nuevo marco para el desarrollo de la fuerza laboral, se debe aprovechar la oportunidad para asegurar que se atiendan las necesidades de la numerosa fuerza laboral inmigrante de Nueva York. La gran mayoría de los trabajadores en las ocupaciones de mayor crecimiento en la ciudad, desde auxiliares de servicios de salud a domicilio hasta obreros de construcción, enfermeros diplomados y programadores de computadoras, son inmigrantes. Como tal, los trabajadores inmigrantes son fundamentales para la vitalidad económica de la ciudad, y su éxito debe ser primordial en la reforma del sistema laboral de la ciudad.
Los trabajadores inmigrantes y postulantes a empleo enfrentan muchas barreras singulares que limitan su superación en la fuerza laboral. Por ejemplo, un número considerable de inmigrantes no hablan inglés bien y tienen, en promedio, un nivel más bajo de educación formal.
Al mismo tiempo, hay miles de inmigrantes con grados universitarios u otras credenciales educativas que no se reconocen en Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen otra opción que realizar trabajos en los que no se aprovechan del todo sus aptitudes y talento. Además, entre los trabajadores con salarios bajos, que son mayormente inmigrantes, la explotación es algo común. Esto es particularmente cierto en el caso de los trabajadores indocumentados y quienes trabajan en la economía informal.
El éxito del plan de Career Pathways depende de su capacidad de eliminar las principales barreras que enfrentan los neoyorquinos inmigrantes. Un informe preparado conjuntamente por el Center for Popular Democracy y Center for an Urban Future identifica estas barreras y describe una estrategia coordinada para enfrentar los obstáculos que impiden que los trabajadores inmigrantes alcancen plenamente su potencial.
Específicamente, la ciudad y las entidades privadas que financian la fuerza laboral deben invertir en clases de inglés, educación de adultos y programas de capacitación y titulación para trabajadores con diversos niveles educativos y de dominio de inglés. Esto les permitiría aprender las destrezas que necesitan para ser competitivos en la fuerza laboral y evitaría que se estanquen en empleos con poca paga.
En segundo lugar, la ciudad debe asegurar que los trabajadores inmigrantes estén enterados de estos servicios al asegurarse de que se ofrezcan en los vecindarios donde los inmigrantes viven o trabajan. Una gran manera de hacerlo es asociarse con organizaciones sin fines de lucro en las comunidades inmigrantes y asegurar que los fondos disponibles estén llegando a los programas laborales en las comunidades inmigrantes.
Finalmente, una estrategia de desarrollo de la fuerza laboral que es eficaz para los inmigrantes debe mejorar la calidad de los empleos con salarios bajos que ocupan a tantos de ellos. Esto incluye mejorar las leyes de protección laboral y velar por su cumplimiento, algo que con frecuencia no se hace, además de lograr un sueldo mínimo más alto y acceso a licencia pagada por enfermedad. Los mismos empleadores son una parte importante de esta conversación, y la ciudad debe usar su influencia para ayudarlos a mejorar la calidad de sus empleos peor pagados.
Sin un enfoque coordinado para asegurar que los servicios de desarrollo laboral estén atendiendo a los inmigrantes, el plan de la ciudad corre el riesgo de pasar por alto a un grupo enorme de trabajadores y personas que buscan empleo. En este momento tenemos la oportunidad de asegurar que se incluyan a los inmigrantes como parte esencial de este plan.
By Kate Hamaji & Christian González-Rivera
Source
A National Solution
New York Times - June 25, 2014, by Peter Markowitz - For too many years our nation’s discourse around immigration has...
New York Times - June 25, 2014, by Peter Markowitz - For too many years our nation’s discourse around immigration has been distorted by anti-immigrant activists who have advanced bold but regressive state immigration policies. State laws in Arizona and elsewhere have powerfully, but inaccurately, framed the immigration issue through the lenses of criminality and terrorism. While these laws have not generally fared well in court, their impact on our national perception of immigration has impeded federal immigration reform. Meanwhile, states like New York continue to suffer the consequences of our broken immigration laws. Our families continue to be fractured by a torrent of deportations. Our economic growth continues to be impeded by the barriers our immigrant labor force faces. And our democracy continues to be undermined by the exclusion of a broad class of New York residents.
The New York Is Home Act, recently introduced by New York State Senator Gustavo Rivera and Assembly Member Karim Camara, with support from the Center for Popular Democracy and Make the Road New York, charts a path forward on immigration — a path that like-minded states and ultimately the federal government could follow. The legislation would grant state citizenship to noncitizens who can prove three years of residency and tax payment and who demonstrate a commitment to abiding by state laws and the state constitution.
The bill is an ambitious but sensible assertion of a state’s well-established power to define the bounds of its own political community. Unlike the Arizona law, this legislation is carefully crafted to respect the unique province of the federal government. As misguided and brutal as the federal immigration regime is, New York cannot alter federal deportation policy. However, it is absolutely within New York’s power to facilitate the full inclusion of immigrants in our state. By granting state citizenship, we would extend the full bundle of rights a state can deliver — the right to vote in state elections, to drive, to access higher education, among others — and we would define the full range of responsibilities that come along with citizenship, including tax payment, jury service and respect for state law. By reorienting our national conversation on immigration around the more accurate and productive themes of family, economic vitality and political inclusion, this legislation will move us toward a real solution to our nation’s immigration quagmire.
Source
A Democratic Contender For Florida Governor Appears To Own Millions In Puerto Rican Debt
A Democratic Contender For Florida Governor Appears To Own Millions In Puerto Rican Debt
“If you are running to represent Puerto Ricans, and potentially harming Puerto Ricans through investments, then Puerto...
“If you are running to represent Puerto Ricans, and potentially harming Puerto Ricans through investments, then Puerto Ricans will hold you accountable,” said Julio López Varona of the Center for Popular Democracy, one of the leading activist groups on the Puerto Rican debt crisis. “There’s a question about what are those investments, and if that question is not answered that is extremely concerning.”
Read the full article here.
For Some Starbucks Workers, Job Leaves Bitter Taste
CBS MoneyWatch - September 26, 2014, by Alain Sherter - Liberte Locke, a 32-year-old "barista" at a Starbucks (...
CBS MoneyWatch - September 26, 2014, by Alain Sherter - Liberte Locke, a 32-year-old "barista" at a Starbucks (SBUX) in New York City, is fed up.
"Starbucks' attitude is that there's always someone else can who can do the job," she said in running through her complaints about life at the java giant.
If that isn't necessarily the consensus among Starbucks workers, interviews with nine current and former baristas at the company make clear it's not an isolated opinion, either. Even those who say they like their job paint a picture of a business that underpays front-line workers, enforces work rules arbitrarily and too often fails to strike a balance between corporate goals and employee needs.
Of course, such complaints are nothing new in retail, where low pay and erratic schedules are the norm. But by its own account, Starbucks is no ordinary company and is ostensibly a far cry from the fast-food outlets now facing a nationwide uprising by employees tired of working for peanuts.
That's evident in the company's recruitment pitch. Starbucks invites job-seekers to "become a part of something bigger and inspire positive change in the world," describing it as a chance to discover a "deep sense of purpose."
Damage control
That image suffered a serious blow last month after The New York Times vividly chronicled a Starbucks worker struggling with the company's scheduling practices. The story, which centered on a 22-year-old barista and single mother, amounted to a public relations nightmare for Starbucks. Perhaps not coincidentally, within days of the story's publication top executives were promising reform.
In a memo to employees earlier this month, for instance, Chief Operating Officer Troy Alstead vowed to "transform the U.S. partner experience," referring to Starbucks' more than 130,000 baristas. Inviting worker feedback, he said Starbucks will examine its approach to employee pay, revisit its dress code, make it easier for people to ask for time off, and consider other changes aimed at helping baristas balance work and their personal lives.
Among other changes, the company said it would end the practice of "clopening," when an employee responsible for closing a store late at night is also assigned to open it early in the morning.
"We recognize that we can do more for our partners who wear the apron every day," he wrote.
Some baristas did not feel this August memo from Starbucks went far enough in proposing ways to improve work conditions, so they marked it up with their own ideas.
Although Starbucks workers welcome this pledge to respect the apron, they fear the company is more intent on dousing the PR flames than on genuinely improving employees' experience. After the retailer last month sent an email to workers outlining possible solutions to the kind of scheduling problems and related issues detailed by the Times, a group of baristas gave the proposal a C- and posted online a marked-up version of the memo listing their own demands (image above).
"We hope you're ready for a commitment to give us schedules that don't mess with taking care of kids, going to school or holding onto that second job we need because Sbux wages don't make ends meet," wrote the baristas, who are working with a union-backed labor group, the Center for Popular Democracy.
Retail jungle
Despite the recent media focus on Starbucks, the company's labor practices are generally no worse than those of many large retailers. In some ways they're better, with the company offering health care to part-time, as well as full-time, workers; unusually generous 401(k) matching contributions; annual stock grants to employees; and tuition reimbursement.
Starbucks highlights such benefits as an example of its commitment to employees. "Sharing success with one another has been core to the company's heritage for more than 40 years," Alstead said in the September memo.
Meanwhile, some baristas say they enjoy their work and feel valued by Starbucks. "It's a decent place to work, and my manager and co-workers are great," said one employee who asked not to be identified.
But other current and former workers claim Starbucks has changed in recent years, saying that corporate leaders' intense focus on slashing costs has short-circuited its professed commitment to workers. Mostly, they say Starbucks doesn't listen to employees and even punishes those who identify problems.
"The biggest problem is that baristas don't have a voice," said Sarah Madden, a former Starbucks barista who left the company this spring after two years with the coffee vendor. "They can't speak to issues that they know exist. Workers know how to fix them, but when [they] speak up there are serious repercussions -- your hours get cut, you're transferred to another store or isolated from other people."
Employees interviewed for this article said one result of Starbucks' cost-containment push is that stores are frequently understaffed, hurting customer service and forcing managers to scramble to find staff. That problem is common across the big-box stores that dominate the retail sector, experts said.
"One the one hand, retailers overhire, but they're also understaffed, so everybody's running around and then there aren't enough people on the floor," said Susan Lambert, a professor at the University of Chicago and an expert in work-life issues. "Companies are effectively loading all the risk onto workers so that they're not the ones incurring the risks inherent in business."
Starbucks denies that its stores are short-staffed. "We're proud of the level of service we provide in our stores," said Zack Hutson, a spokesman for the company. "We know that the connection our partners have with customers is the foundation of the Starbucks experience. It wouldn't be in our best interest. We want our customers to have the appropriate service level when they come to our stores."
To be sure, Starbucks is hardly the only U.S. corporate giant to keep a gimlet eye on its bottom line -- among Fortune 500 companies that approach to management is the rule, not the exception, and CEOs across the land defend it as an inviolable fiduciary duty to shareholders.
But baristas say Starbucks' focus on profits and cost-cutting has increasingly led its leadership to tune workers out. Locke, who has worked for the company since 2006 and who earns roughly $16,000 a year, said she yearned for the Starbucks of old.
"When I started they had a training program and taught you how to be a coffee expert. There was more of a culture of supporting each other as co-workers. Store managers were sympathetic. I really enjoyed it."
Asked why she stays at Starbucks, Locke said her employment options are limited because she lacks a college education and because her only professional experience is in retail.
Living wage?
According to workers, the best thing Starbucks can do for its apron-wearers is to raise their pay and offer full-time hours instead of the 20 to 30 hours that most employees work.
Samantha Cole, a barista in Omaha, Neb., said she struggles to get by on her supervisor's salary of $11.25 an hour. Such pay may be better than what she would earn working for other retailers, but the 30-year-old mother of two say it's still not a living wage.
"I'm definitely not making enough money," said Cole, who has been with the company for six years. "A lot of us are right there with what fast-food workers are making."
Such frustrations are also evident in comments on the Facebook page Starbucks uses to communicate with employees and where it is asking baristas for input regarding the company's labor practices. Wrote one employee: "I've worked for the company for 7 years in January, and I don't make enough to support myself on one job so I work 2 jobs, 6 days a week.... I've seen a lot of amazing partners leave because they don't make enough."
Starbucks declined to disclose compensation data, citing competitive reasons and saying that pay varies widely according to workers' experience and where in the U.S. stores are located. It didn't respond to emails requesting clarification regarding other aspects of its labor policies.
It's worth noting that low pay isn't unique to Starbucks -- in retail it is the norm. As of 2012 (the latest year for which data is available), the median hourly income for retail salespeople is $10.29 per hour, or $21,410 a year, according to the Bureau of Labor Statistics. Hourly pay for full-time retail workers range from a high of $14.42 to $9.61 for lower-paid people, according to Demos, a liberal-leaning think tank in New York. Part-timers typically make much less, with the average cashier earning $18,500 a year.
"Until [Starbucks] gives a living wage to every employee, they can't claim to be a good employer," Locke said, who added that it has been roughly two years since her last pay raise.
"Race to the bottom"
Another priority for baristas: stable, regular schedules. Like most large retailers, Starbucks uses scheduling software to try to match the number of workers it has in a store at any given time to the amount of business it gets. Workers also may be scheduled according to the sales they generate or their facility in promoting certain products. The technology also can enable other savings, such as limiting overtime.
For employees, however, that approach -- known as "just-in-time" or "on-call" scheduling -- often results in lower income and chaotic hours.
Stephanie Luce, a professor of labor studies at City University of New York's Murphy Institute, characterizes the widespread adoption of scheduling and so-called workforce optimization technologies as a "new race to the bottom."
"Companies that have already reduced operating costs by making deals with irresponsible subcontractors and using the cheapest available materials are now cutting corners in the form of the 'just-in- time scheduling' of their workforce," she and her co-authors wrote in a recent report. "These 'lean' manufacturing practices take advantage of sophisticated software and an increasingly desperate workforce to cut labor costs to the bone."
By the same token, tighter control of worker schedules helps Starbucks contain payroll costs. But it also means employees who had expected to work a certain number of hours every week can see their schedules dramatically cut back and fluctuate wildly. The result? Smaller paychecks and a disturbance to family life.
"It makes it very hard for parents to participate in an intimate family routine and structure it in such a way that experts agree is good for children," Lambert said.
Irregular schedules also make it hard for workers who do need extra income to work a second job, schedule appointments and plan other aspects of their lives.
Baristas said Starbucks posts their schedule only days in advance and that they are often subject to change. Following the Times story, Starbucks said it would post schedules at least one week in advance. That's not enough time, several workers said, asking the company to provide at least two or three weeks notice, as retailers ranging from Walmart (WMT) and H&M to Victoria's Secret (LB) do.
Meanwhile, despite Starbucks' promise to end clopening, the practice continues, some workers said, although the company insists that this is only in cases when people request such shifts.
"Partners should never be required to work opening and closing shifts. That policy is clear," Starbucks' Hutson said, adding that the company is studying ways to give workers more input in their schedules. "If there are cases where that's not happening, we want to know about that."
Given the scrutiny on Starbucks, the company can count on baristas to do just that.
Source
Fed votes to keep key interest rate near 0%, stays mum on future hike
Federal Reserve policymakers Wednesday voted to keep the central bank’s benchmark interest rate near zero percent and...
Federal Reserve policymakers Wednesday voted to keep the central bank’s benchmark interest rate near zero percent and offered no new hints of when it would enact the first hike since 2006.
After a two-day policy meeting, officials released a monetary policy statement that was little changed from June in its guidance about what they would need to see before raising the interest rate.
11:40 a.m.: An earlier version of this article said the Fed's policy statement was identical in its guidance about what officials would need to see before raising the interest rate. The statement contained a small wording change.
------------
An increase would come when members of the policymaking Federal Open Market Committee have “seen some further improvement in the labor market” and is “reasonably confident” that the low inflation rate will move back toward the Fed’s 2% annual goal in the near future, the statement said.
The statement, approved by a 10-0 vote, left open the possibility of a rate hike after the Fed’s next meeting, in September. But it did not lock policymakers into taking that step in case upcoming economic data, including jobs reports for July and August, indicate the economy isn’t strong enough to handle higher interest rates.
The Fed said recent data suggest the economy “has been expanding moderately in recent months” and that the housing market “has shown additional improvement.” The Fed’s view of the labor market improved, with the statement saying there had been “solid job gains and declining unemployment.”
But Fed policymakers raised concerns about what they called soft business investment and exports.
And the statement noted inflation continued to run well below the Fed’s 2% annual target, attributing that partly to declines in energy prices as well as the lower cost of imports caused by the rising value of the dollar.
For the 12 months ended May 31, the price index for personal consumption expenditures, the Fed’s preferred gauge, was up just 0.2%.
The central bank has kept its benchmark federal funds rate near zero since December 2008 in an attempt to boost economic growth during and after the Great Recession.
As the economy has strengthened, pressure has built on Fed policymakers to start raising the rate.
Fed Chairwoman Janet L. Yellen has said that she expects an interest rate hike this year but that policymakers would continue to keep rates low for “quite some time” to continue providing support for the economy.
A survey last month by financial information website Bankrate.com found that a majority of Wall Street experts expected the Fed to raise its short-term interest rate in September.
Fed policymakers are closely watching economic data to determine when to hike the rate for the first time since 2006.
The economy shrank at a 0.2% annual rate from January through March, largely because of unusually bad winter weather and a labor dispute that slowed activity at West Coast ports.
The Commerce Department is expected to report Thursday that growth returned this spring. Analysts are forecasting that the economy expanded at a 2.9% annual rate in the second quarter.
The job market has shown solid gains in recent months, and the unemployment rate in June dropped to 5.3%, the lowest in more than seven years.
But wage growth has been sluggish. The Center for Popular Democracy has criticized the Fed for not focusing enough on wage improvements as a key factor in deciding when to raise rates.
And even with the overall economy performing better in the second quarter, growth this year is expected to be subpar. The Fed’s most recent projection, made in June, is for overall economic growth of just 1.8% to 2% for the year, which would be the worst since 2011.
Source: The Los Angeles Times
The big 2016 minimum wage push just got a powerful new ally
A little over a year out from the presidential election, we already know the states where the fiercest battles will...
A little over a year out from the presidential election, we already know the states where the fiercest battles will likely be fought. But another electoral map is shaping up too: The states where voters will decide where to raise their minimum wage.
And soon, those pay-boosting ballot measures might have some serious money behind them. A large California union is seed funding an organization aimed at accelerating such campaigns around the country, seizing on growing public support for raising the minimum wage to heights that just one cycle ago would have seemed like total fantasy.
It’s called the Fairness Project, officially launching Thursday, and it’s already focusing on three jurisdictions: California, Maine and the District of Columbia, with potentially more to come as funding becomes available. And the group's main backer, the Service Employees International Union’s 80,000-person strong United Healthcare Workers local in California, says it’s talking with a handful more.
“This is the best value in American politics,” says SEIU-UHW president Dave Regan, who last year laid out a strategy to raise wages through ballot initiatives in the 24 states that allow them. “If you can amass $25 million, you can put a question in front of half the country that simply can’t be moved through legislatures because of big money in politics.”
The organization doesn’t have $25 million yet, just a couple million; Regan declined to specify exactly how much. SEIU headquarters, despite waging its own multi-million dollar “Fight for $15” campaign to raise wages around the country, has yet to pitch in (which may have something to do with the fact that Regan has had a testy relationship with SEIU’s president, Mary Kay Henry; SEIU declined to comment).
But Regan says he hopes that as union locals do their budgets for the 2016 campaigns, they’ll contribute, partly as a way to resuscitate the labor movement’s image. “Most of the discourse around unions is negative,” Regan says. "So the Fairness Project is saying, 'Look, we can win for tens of millions of people, just if we’re committed to doing this.'"
They’ve picked a soft target. According to the Ballot Initiative Strategy Center, minimum wage measures have been tried 20 times in 16 states since 1996, and all but two succeeded. The earlier victories came in waves, starting with the “living wage” movement in the 1990s. The campaigns even work in conservative states: in 2004, John Kerry lost Florida, but a minimum wage hike passed with 70 percent of the vote.
Even though those measures may not have made it through state legislatures, in combination, they do seem to add momentum for minimum wage hikes on the federal level — Congress responded with legislation in 1997 after a spate of ballot initiatives, and again in 2007 and 2008. Sometimes, just the credible threat of a ballot initiative can spur state houses to action where previously they had no interest, although the final result may end up watered down.
Most recently, in 2014, minimum wage measures passed in Arkansas, Alaska, Nebraska, and South Dakota. This latest wave is even more ambitious than the first and second, says Brian Kettenring, co-executive director of the Center for Popular Democracy — and it benefits from the narrative around inequality that arose during an economic recovery that delivered very little wage growth.
"In some ways the most powerful, because it’s the most visionary in terms of the Fight for $15,” Kettenring says. “What the project hits on that really makes sense is engaging inequality through the ballot initiative.”
Still, there’s no guarantee of success, and credible initiative campaigns do take money. They also have a lot of common needs, like polling, voter targeting, Website design, and message strategy. That’s where Ryan Johnson, the Fairness Project’s executive director, says the group can help.
“There are a lot of very expensive things with ballot initiatives,” Johnson says. “Things that work with presidential campaigns — could we take the lead in investing in those directly and at scale? It saves people a couple grand here, and couple grand there.”
It’s a model that’s worked for other causes, as well, such as marriage equality and medical marijuana. The ballot initiative process has long been used by both conservative and liberal groups, with varying degrees of scale, sometimes with the side effect of driving turnout for Democratic or Republican candidates.
The support will help campaigns that usually lack major corporate financing, and have to sustain themselves with volunteers and small dollar donations. Amy Halsted, of the Maine Peoples’ Alliance, says the organization received unprecedented financial support for its push to raise the state’s minimum wage to $12 by 2020 — it has raised about $150,000.
But it could use help with big-ticket items that are more efficiently provided by a central coordinating body, like consulting and tech support. And besides, a national campaign has a galvanizing effect in itself.
“One of the things we’re excited about is their ability to sustain that energy that exists nationally, and try to create an echo chamber,” she says. "The ability to connect all the movements I think is powerful and exciting, and makes our hundreds of volunteers feel connected to a big national campaign.”
The Fairness Project may not even be the only game in town when it comes to national support for minimum wage campaigns. Seattle billionaire Nick Hanauer, who helped bankroll the successful $15 an hour campaign there, isn’t contributing — he thinks the group has got the wrong message. “The majority of workers want the economy to grow,” he wrote in an e-mail, arguing that high wages are good for business. “Growth sells. Complaining about fairness does not.” (Regan says their initial focus groups responded well to the fairness message.)
But Hanauer may be supporting other campaigns independently — including a ballot initiative in his home state of Washington. “We hope to influence the messaging on a lot of the campaigns that will unfold in ’15 and ’16,” he says.
Ballots will likely becrowded with other measures, too — with more and more state legislatures controlled by Republicans, liberal groups are trying to put gun control and marijuana legalization questions before voters directly.
Facing that popular onslaught, the business community is weighing its options.
In some places, like Maine, the opposition might not be that fierce. Although business groups grumbled when the $12 statewide ballot initiative was introduced, the state’s biggest city — Portland — already passed a law that would raise the wage at least that high by 2018. On top of that, they’refighting a city vote on a local $15 minimum.
“$12 is not out of the question here, as long as it's statewide,” said Toby McGrath, who’s running the campaign against the $15 measure for the Portland Chamber of Commerce.
California, however, will see a more pitched battle. Business groups managed to stall a $13 minimum wage hike proposal in the legislature. Tom Scott, California’s state director for the National Federation of Independent Business, says there's still a lot of time yet to build an employer response to the ballot measure that labor backers say just got enough signatures to qualify.
“There’s going to be a huge coalition opposition a minimum wage increase,” he says. “This is a very long process. And the one thing about ballot initiatives — depending on how it’s worded, if it’s a yes or a no, in California, if I can in 15 seconds create confusion or questions, people will typically vote no.”
But if young people vote in large numbers, Scott worries they could be hard to beat. “I would just be fearful of the voter turnout,” he says, "and the demographics of who’s turning out.”
After publication, SEIU headquarters reached out to add the following statement:
SEIU works directly with our local unions in states to evaluate ballot initiatives on a state by state basis and determine which ones will advance better jobs and better wages for working people.
Source: Washington Post
Immigrant group targets Wells Fargo for supporting ‘Trump campaign of hate’
Immigrant group targets Wells Fargo for supporting ‘Trump campaign of hate’
Advocates for undocumented immigrants gathered outside 3 Wells Fargo Center in uptown Charlotte Wednesday to demand the...
Advocates for undocumented immigrants gathered outside 3 Wells Fargo Center in uptown Charlotte Wednesday to demand the bank cut all ties with companies that profit from deportations.
Hector Vaca of Action NC says the goal of the event is to get Wells Fargo to pull its money out of private prisons and immigrant detention centers. The protesters are also demanding the bank use its political influence to stop plans for a wall along the Mexican border.
Read the full article here.
Queens Radio Show Aims to Help Day Laborers Avoid Death or Injury on the Job
Queens Radio Show Aims to Help Day Laborers Avoid Death or Injury on the Job
As a muted telenovela played on a T.V. overhead, Jorge Roldan inched toward the microphone in a basement radio studio...
As a muted telenovela played on a T.V. overhead, Jorge Roldan inched toward the microphone in a basement radio studio in Corona, Queens.
Speaking in Spanish, Roldan, a coordinator at the Laborers’ International Union of North America who is based in Long Island City, reminded his audience, mainly construction workers, that their bosses are obligated to give them respirators when they work on jobs involving airborne contaminants like asbestos.
“New York is an old city – many buildings have asbestos,” he said. “Wash your clothes in two different machines. The asbestos resist everything.”
His advice was standard fare for Sin Fronteras. Since April, the hour-long program has brought together six Latinos weekly to offer advice on a delicate topic for the Latino immigrant community: the exploitation and mistreatment of undocumented laborers.
Translated “Without Frontiers,” the offering is the only public-affairs program of 91.9 Radio Impacto 2, an unlicensed Spanish-language music station founded in 2008 that caters to the Ecuadorian population. Sin Fronteras focuses on worker-safety issues, but also promotes cultural events in the Ecuadorian and Latino community. Its guests have included Queens Assemblyman Francisco Moya and Ecuadorian Consul General Linda Machuca, among other local leaders.
More than 98,000 Ecuadorians live in Queens. Latinos account for over 27 percent of the borough population and are a nearly equal percentage of the construction workers citywide, according to a 2015 report by the New York Committee for Operational Safety & Health, a labor advocacy group. An investigation in 2013 by the non-profit Center for Popular Democracy found that between 2003 to 2011, Latino and/or immigrant workers made up three quarters of fatal falls at construction sites in New York City.
“We don’t want more of our people to die,” said Sin Fronteras’ founder, Rosita Cali, an Ecuadorian immigrant who also co-directs Padres en Acción, an organization in Jackson Heights that offers workplace safety trainings sponsored by the Occupational Health and Safety Administration – known as “OSHA classes.”
“Workers have to protect themselves,” she said. “They have the right to say, ‘no, I’m not going to go on that ladder.’ They have a voice and a vote.”
Juan, a 28-year-old Ecuadorian construction worker, represents the people the program tries to reach. An undocumented immigrant, he said he has been a construction worker since March and makes $17 an hour, nearly one-third more than in his previous job working in a kitchen. But about two months ago, he said, he started feeling sick after working with fiberglass insulation in a building in Brooklyn.
Juan said he asked his construction supervisor for a mask, but was told that there were none available.
“They told us that there weren’t any, that we would have to wait,” said the worker, who asked that his last name not be published. “The day went by, and then the week. How can that be?”
By the end of the week, he said, he had an obstructed sense of smell, body aches and a cough, which his doctor attributed to inhalation of fiberglass.
“When you remove the insulation, the dust rises – even your skin starts to sting,” said Juan.
Christina Fox, the work center coordinator for New Immigrant Community Empowerment, a non-profit based in Jackson Heights, said the Latino laborers she works with often don’t report injuries to their supervisors. She explained that workers might not think their injuries are severe enough or don’t know that they have a right to receive compensation.
Attending a workplace safety class could change this.
“A worker will be able to go to their job, recognize there’s a crack in the retaining wall, stop, and tell their supervisor,” she said. “But low-income workers don’t [always] have the flexibility to leave the job. A lot of workers might enter that risk situation.”
It’s a scenario that Sin Fronteras aims to address. Cali began pushing for more workers’ rights classes several years ago. When she heard in 2013 that the Ecuadorian Consulate was running out of space to host OSHA classes, she offered up the basement of her jewelry store and barbershop in Corona – the same basement where her program is now recorded.
For two months, she said, dozens of immigrants flocked to her shop weekly to learn about their right to report workplace accidents, regardless of legal status.
“When I saw how huge and exaggerated the demand was, I said, ‘this can’t be – we’re going to hold classes in other places,'” recalled Cali.
She created Sin Fronteras to expand the outreach. Like the majority of the hosts on the program, she doesn’t have professional radio experience, but the station’s owners immediately liked the idea of a program that seeks to help the community. The six hosts on Sin Fronteras are all volunteers and include a lawyer who specializes in construction accidents and the founder of Padres en Acción, Ronaldo Bini, who speaks about public-safety measures.
“Because people lack knowledge, they aren’t prepared and lose the chance to build their lives,” said Cali. “We want people to listen to the radio programs and come here and take OSHA classes, scaffold classes for workers’ protection.”
Maria Fernanda Baquerizo, the community relations coordinator at New York’s Ecuadorian Consulate, said that labor abuse is prevalent in the largely undocumented Ecuadorian community in Queens.
“It’s very positive that our community, our immigrants, can listen to important information of where to receive help,” she said. “Because generally the people who are abused at work, the undocumented, think that their employers can abuse them and not pay them wages… Immigrants feel helpless, they feel alone. They don’t know how to move forward.”
By Leila Miller
Source
New Report Details Plans for Low-Wage Worker Justice
The Village Voice - February 14, 2013, by Jason Lewis - When a worker in this city has to endure a three-hour walk to...
The Village Voice - February 14, 2013, by Jason Lewis - When a worker in this city has to endure a three-hour walk to work because his minimum wage salary doesn't allow for him to afford public transportation, that's a problem.
Low-wage workers across the city have stood up in the past year to demand that such insecurity be eradicated and to pressure employers to finally begin to provide them with just compensation for their labor.
Building on the progress generated by these worker-led movements--in industries such as retail, fast-food, airline security and car washing--UnitedNY, the Center for Popular Democracy and other advocacy groups held a symposium and released a report yesterday analyzing the state of the city's low-wage worker movement.
"It's very difficult to try and make ends meet on $7.25 minimum wage in New York City," Alterique Hall, a worker in the fast-food industry, said during a news conference following the event. "Some nights you want to lay down cry because you [feel] like 'what's the point of going to work and putting all of myself into a job, [if] I'm going to be miserable when I get off work, miserable when I go home...and don't want to wake up and go to work the next day...to get disrespected, treated poorly and paid poorly.'"
Hall, who's been active in the push for fairer wages in the fast-food industry, is the worker who is often forced to embark on the three-hour treks to work. Hall said that his boss will sometimes said him home as a penalty for his tardiness--without considering the ridiculous journey he has to travel just to get to there.
"Working hard, and working as hard as you can, isn't paying off for them," mayoral hopeful and former City Comptroller Bill Thompson, said during the news conference. "They're being underemployed, They're being underpaid. They're being taken advantage of. They're being ignored. They're becoming a permanent underclass in the city of New York."
The UnitedNY and CPD report lays out four specific initiatives that workers and advocates must pressure the city to implement in order to help better the plight of low-wage workers. The reports calls on the city and employers to :
[Raise] standards for low-wage workers. [Regulate] high-violation industries where labor abuses are rampant. [Establish] a Mayor's Office of Labor Standards to ensure that employment laws are enforced. [Urge] the State to allow NYC to set a minimum wage higher than the State minimum--due to the higher cost of living in the City.The report pays close attention to the need for City Council to pass the paid sick-leave bill, and increase the minimum wage in the city to $10/hour--a salary that would net a worker with regular hours about $20,000/year in earnings.
"We can't continue to be a Tale of Two Cities, where the path to the middle class keeps fading for thousands of New Yorkers," said New York City Public Advocate Bill de Blasio. "We must break the logjam and pass paid sick leave in the City Council. We have to protect low-wage workers fighting union busting employers. We can't tolerate inaction any longer. It's time for real action to fight for working families."
During one of the symposium workshops, a panel of labor experts discussed the obstacles facing low-wage workers in their fight to obtain such rights.
"[We've] shifted from a General Motors economy to a Wal-Mart economy," Dorian Warren, a professor of public affairs at Columbia University, said during the discussion. "[The job market is filled with] part-time jobs, low wages, no benefits, no social contract, no ability to move up in the job the way 20th century workers were able to."
Warren says that the quality of jobs in the American economy will only decline if something isn't done. He noted that 24 percent of jobs were low-wage in 2009. By 2020, that number is expected to nearly double and hit 40 percent. To make matters worse, technological "advances" are expected to increase unemployment rates by 3-5 percent moving forward.
"We're looking at an economy only of low-wage work in the future, but also of high and permanent levels of unemployment," Warren said.
The panel was moderated by acclaimed labor reporter, Steven Greenhouse of the N.Y. Times and included Angelo Falcon, president of the National Institute for Latino Policy, Deborah Axt, co-executive director of Make the Road New York, M. Patricia Smith, the solicitor of labor for U.S. Department of Labor and Ana Avendano of the AFL-CIO.
Several panelists stressed the need to combat attacks from right-minded forces seeking to erode worker wage and benefit rights. Falcon says that those fighting for worker rights must correct popular narratives, many of which categorize wage and benefit increases for workers as business-killers.
"When we talk about the minimum wage, the immediate response from business is, we're going to lose jobs because, we're only going to be able to hire a few people. We have to have an answer to that objection," Falcon said. "Through raising the minimum wage, you create job growth in terms of people being able to put more money into the economy. You're [putting] less pressure on social welfare systems...the system is still subsidizing business [when the public provides] welfare and other social services."
Warren* argued a similar point.
"I think we have to be much more explicit about targeting the right the way that they've targeted us. There's a reason why the right has gone after public sector unionism," Warren* said. "They know that's where the heart of the labor movement is in terms of funding and in terms of membership. We have to get smarter about which parts of the right do we target to destroy ideologically, organizationally so that we can advance further our movements."
Source
Puerto Rico: Shelter After the Storm
Puerto Rico: Shelter After the Storm
"The members of Congress do not think of Puerto Rico as a part of their constituency and responsibility, and that is...
"The members of Congress do not think of Puerto Rico as a part of their constituency and responsibility, and that is what is underneath this crisis," says Ana Maria Archila from the Center for Popular Democracy. "It is a crisis of democracy as much as it's a climate crisis, as much as it's an economic crisis."
Read the full article here.
1 month ago
1 month ago