A Democratic Contender For Florida Governor Appears To Own Millions In Puerto Rican Debt
A Democratic Contender For Florida Governor Appears To Own Millions In Puerto Rican Debt
“If you are running to represent Puerto Ricans, and potentially harming Puerto Ricans through investments, then Puerto...
“If you are running to represent Puerto Ricans, and potentially harming Puerto Ricans through investments, then Puerto Ricans will hold you accountable,” said Julio López Varona of the Center for Popular Democracy, one of the leading activist groups on the Puerto Rican debt crisis. “There’s a question about what are those investments, and if that question is not answered that is extremely concerning.”
Read the full article here.
NYC debe apoyar a la numerosa población inmigrante para asegurar una fuerza laboral exitosa
NYC debe apoyar a la numerosa población inmigrante para asegurar una fuerza laboral exitosa
Marta tiene dificultad para encontrar trabajo últimamente. Con frecuencia, cuando va a solicitar empleo haciendo comida...
Marta tiene dificultad para encontrar trabajo últimamente. Con frecuencia, cuando va a solicitar empleo haciendo comida o labores domésticas, lo primero que le preguntan es, “¿Habla inglés?” Marta siempre responde la verdad, que solo sabe un poco.
Con frecuencia, los empleadores la rechazan porque quieren personas que dominen el inglés. “Estos días, la verdad que es muy difícil conseguir trabajo”, dijo Marta.
La ciudad de Nueva York tiene la población inmigrante más diversa entre todas las grandes metrópolis del mundo. Los inmigrantes constituyen más de 40% de la población y casi la mitad de la fuerza laboral de la ciudad.
Pero la ciudad enfrenta una paradoja: si bien la tasa de empleo entre los inmigrantes es más alta que la de los oriundos de Nueva York, un porcentaje desproporcionado de aquellos tienen empleos con poca paga, sus ingresos promedio son más bajos que los de las personas nacidas allí y, con frecuencia, se ven más afectados por la pobreza. Muchos de ellos, al igual que Marta, tienen conocimientos limitados de inglés, lo que puede dificultar que encuentren un trabajo bien remunerado.
Desde que el alcalde de Nueva York Bill de Blasio asumió el mando hace poco más de dos años, la ciudad ha comenzado a reestructurar el sistema de desarrollo de la fuerza laboral, lo que crea una oportunidad importante de eliminar las injusticias que enfrentan los neoyorquinos inmigrantes.
El nuevo marco de la ciudad para su sistema de desarrollo de la fuerza laboral, llamado Career Pathways, promete invertir un nivel sin precedente de fondos en capacitación laboral y educación orientado a los trabajadores más vulnerables de la ciudad, para asegurar que la inversión de la ciudad en la fuerza laboral sea uniforme en las diversas agencias municipales y colaborar con los empleadores y otras partes interesadas a fin de mejorar la calidad de los empleos con salarios más bajos en la ciudad.
Ahora que se está implementando el nuevo marco para el desarrollo de la fuerza laboral, se debe aprovechar la oportunidad para asegurar que se atiendan las necesidades de la numerosa fuerza laboral inmigrante de Nueva York. La gran mayoría de los trabajadores en las ocupaciones de mayor crecimiento en la ciudad, desde auxiliares de servicios de salud a domicilio hasta obreros de construcción, enfermeros diplomados y programadores de computadoras, son inmigrantes. Como tal, los trabajadores inmigrantes son fundamentales para la vitalidad económica de la ciudad, y su éxito debe ser primordial en la reforma del sistema laboral de la ciudad.
Los trabajadores inmigrantes y postulantes a empleo enfrentan muchas barreras singulares que limitan su superación en la fuerza laboral. Por ejemplo, un número considerable de inmigrantes no hablan inglés bien y tienen, en promedio, un nivel más bajo de educación formal.
Al mismo tiempo, hay miles de inmigrantes con grados universitarios u otras credenciales educativas que no se reconocen en Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen otra opción que realizar trabajos en los que no se aprovechan del todo sus aptitudes y talento. Además, entre los trabajadores con salarios bajos, que son mayormente inmigrantes, la explotación es algo común. Esto es particularmente cierto en el caso de los trabajadores indocumentados y quienes trabajan en la economía informal.
El éxito del plan de Career Pathways depende de su capacidad de eliminar las principales barreras que enfrentan los neoyorquinos inmigrantes. Un informe preparado conjuntamente por el Center for Popular Democracy y Center for an Urban Future identifica estas barreras y describe una estrategia coordinada para enfrentar los obstáculos que impiden que los trabajadores inmigrantes alcancen plenamente su potencial.
Específicamente, la ciudad y las entidades privadas que financian la fuerza laboral deben invertir en clases de inglés, educación de adultos y programas de capacitación y titulación para trabajadores con diversos niveles educativos y de dominio de inglés. Esto les permitiría aprender las destrezas que necesitan para ser competitivos en la fuerza laboral y evitaría que se estanquen en empleos con poca paga.
En segundo lugar, la ciudad debe asegurar que los trabajadores inmigrantes estén enterados de estos servicios al asegurarse de que se ofrezcan en los vecindarios donde los inmigrantes viven o trabajan. Una gran manera de hacerlo es asociarse con organizaciones sin fines de lucro en las comunidades inmigrantes y asegurar que los fondos disponibles estén llegando a los programas laborales en las comunidades inmigrantes.
Finalmente, una estrategia de desarrollo de la fuerza laboral que es eficaz para los inmigrantes debe mejorar la calidad de los empleos con salarios bajos que ocupan a tantos de ellos. Esto incluye mejorar las leyes de protección laboral y velar por su cumplimiento, algo que con frecuencia no se hace, además de lograr un sueldo mínimo más alto y acceso a licencia pagada por enfermedad. Los mismos empleadores son una parte importante de esta conversación, y la ciudad debe usar su influencia para ayudarlos a mejorar la calidad de sus empleos peor pagados.
Sin un enfoque coordinado para asegurar que los servicios de desarrollo laboral estén atendiendo a los inmigrantes, el plan de la ciudad corre el riesgo de pasar por alto a un grupo enorme de trabajadores y personas que buscan empleo. En este momento tenemos la oportunidad de asegurar que se incluyan a los inmigrantes como parte esencial de este plan.
By Kate Hamaji & Christian González-Rivera
Source
Zara stores in NYC accused of discriminating against black employees and customers
According to a new report published by the Center for Popular Democracy, ZARA’s New York City locations have a serious problem with discrimination.
Study author Chaya Crowder writes that Zara has a “documented history of racial insensitivity in its designs, discriminatory treatment of its employees, and prejudice agains its customers.” Zara, as you may remember, is the company that caught flack for items like a bag with a swastika on it, a striped shirt with a gold star that looks very much like what Jews were forced to wear in concentration camps during the Holocaust, and a T-shirt bearing the phrase “white is the new black.” Charming stuff!
So it’s hard to be completely shocked by the report’s conclusions—after surveying employees at six of Zara’s NYC stores (for context, eight of the Spanish retailer’s 53 U.S. locations are in the city), Crowder found that most employees feel workers with lighter skin are treated better. From the report:
Employees of color agreed most strongly that ‘managers show favoritism.’ Many of the employees interviewed felt that favoritism is based on race. One employee stated ‘Managers definitely show favoritism to the Europeans.’ Another employee asserted, ‘The favoritism goes to those that are not African American or Latino’… In general, employees with a longer tenure at Zara identified favoritism, especially race-based favoritism, as an issue.
And, employees say that customers are treated with bias, as well. According to Crowder, Zara workers say that that the code “special order” is used as a way to trail suspected shoplifters in the stores. The people trailed, say employees, are disproportionately black:
A preponderance of employees surveyed mentioned a practice of labeling customers as ‘special orders,’ a security code for suspected shoplifters. Employees overwhelmingly felt that the Zara practice led to Black customers being disproportionately labeled as special orders upon entry to Zara stores.
A Zara spokesperson told the Guardian that “Zara USA vehemently refutes the findings,” adding that Crowder did not try to reach the company.
Zara’s parent company, Inditex, reiterated to Fusion in an email that Zara USA refutes the accusations, adding that the report “was prepared with ulterior motives,” and that “it fails to follow an acceptable methodology for the conduct of a credible objective survey on workplace practices, and instead appears to have taken an approach to achieve a pre-determined result which was to discredit Zara.”
But Zara is currently being sued by a former employee who says he was harassed and later fired because he’s gay, Jewish, and American.
This, of course, is not the first time a major retailer has been accused of discrimination. Back in 2013, sources at Barneys said racism against black customers was part of the culture at the luxury department store.
Zara’s parent company, Inditex, reiterated to Fusion in an email that Zara USA “vehemently refutes the claims,” adding that the report “was prepared with ulterior motives,” and that “it fails to follow an acceptable methodology for the conduct of a credible objective survey on workplace practices, and instead appears to have taken an approach to achieve a pre-determined result which was to discredit Zara.”
Source: Fusion
Scaffold Law Debate Heats Up Over Dueling Reports on Safety and Costs
Legislative Gazetter - April 21, 2014, by Matthew Dondiego - A new report released last Thursday by a pro-labor, pro-...
Legislative Gazetter - April 21, 2014, by Matthew Dondiego - A new report released last Thursday by a pro-labor, pro-immigrant rights advocacy group criticizes the construction industry for using what they call misleading figures and cherry picking data to lobby against the state's controversial "scaffold law."
The scaffold law is a century-old law in place to protect worker's rights. Under the law, contractors and property owners serving as contractors are responsible for providing a safe work environment for their employees or become liable for any on-site injuries and accidents.
Opponents of the law point out that contractors are fully liable for workers' injuries even if it is determined the worker is at fault. Opponents say it is outdated and causes construction costs to rise due to the increased costs of insurance premiums. Supporters of the law say it provides common sense protection for workers performing a dangerous job and maintain that contractors are not held liable in court if proper safety precautions are in place.
The new report, titled Fatally Flawed and released by the Center for Popular Democracy, which is supported financially by the New York State Trial Lawyers Association and labor unions, is a scathing criticism of a Rockefeller Institute study — which is frequently referenced by the construction industry — that concluded the scaffold law resulted in an additional 667 work site injuries and adds about $3 billion in additional costs to construction projects in New York state each year.
According to last week's report, the oft-cited Rockefeller Institute study is "fundamentally biased" and calls the New York Civil Justice Institute, which paid $82,800 to commission the Rockefeller study, "a poorly-disguised front group" for the construction industry aligned Lawsuit Reform Alliance of New York. According to the report, the Lawsuit Reform Alliance of New York and the New York Civil Justice Institute share the same address, 19 Dove St, Suite 201, Albany, N.Y., and the same telephone and fax numbers.
"This [Rockefeller Institute] study was bought and paid for by the construction industry," Josie Duffy, a staff attorney for the Center for Popular Democracy. "This is a direct result of people who do not like the scaffold law for business reasons, paying for this report to be released."
On the claim that the scaffold law contributed an additional 667 injuries, the report says the Rockefeller Institute "confuses correlation with causation."
This claim, according the Center for Popular Democracy, is based on worker injury rates in "sub-sectors and non-construction industries," such as warehouse work, transportation, roofing, residential building construction, manufacturing, wholesale trade and utilities industries, and are compared to the rest of the nation.
"The authors assert that these differences are greater in New York and attribute these greater differences entirely to the scaffold law," the new report reads. "There is simply no basis to conclude that the scaffold law is the cause of these differences. Indeed, the authors provide no justification for comparing injury rates in construction with injury rates in less hazardous industries, or using those differences as a proxy for the impact of the scaffold law."
Duffy bluntly says that the scaffold law does not cause an increase in workplace accidents. She says the Rockefeller Institute's study, which was released in February, lacks factual evidence that the law makes work sites more dangerous and "that number is coming from nowhere."
"To me, that is the most egregious part of this whole report," Duffy said.
Despite the strong words used in the report and by Duffy, Tom Stebbins, executive director of the Lawsuit Reform Alliance of New York, says that the Rockefeller report "conclusively" found the law made construction sites more dangerous for workers.
He said that absolute liability for contractors creates "perverse incentives" for workers.
"Workers are not incentivized because they are never held responsible and contractors are not incentivized because they are guilty in nearly every circumstance," Stebbins said. "Only by apportioning liability to fault, as is done in every other state and every other part of our civil justice system, can we maintain balance and improve safety."
According to Stebbins, the report released by the Center for Popular Democracy last week is a "political hit piece, with no statistical merit or actual research of any kind. They cannot get researchers to back up their opinions, because the facts do not support the scaffold law."
Stebbins argues that absolute liability causes the insurance markets to treat sites with sterling safety records the same as companies with less stringent safety precautions. Opponents of the scaffold law say that absolute liability holds the company liable for the worker injuries regardless of who is actually found to be at fault.
Duffy however, said that companies are not automatically found to be liable for injuries sustained by workers on construction sites and are typically safe from injury-related costs so long as they had the proper safety precautions in place.
"What absolute liability means is that you have to pay for the costs of the injuries … and that's only going to happen if you're breaking the law," she explained. "What this law says is there has to be some level of protection for workers."
According to Duffy, under the law companies still hold the right to argue their case in court and they are not automatically found responsible for every injury.
"It's important that employers get to have their voices heard in law, I support that this law allows people to get their voices heard on both sides and that's a very, very real protection," she said "Nothing happens automatically in this law and you can't even be taken to court unless your breaking the law in the first place."
The report also criticizes the Rockefeller Institute for failing to take into consideration certain conditions in New York that may affect the injury rates in the state. Such measures include New York generally has more high-level construction works which may drive up injury rates and New York construction workers are more likely to be union workers and therefore are more likely to report injuries. According to the report, Texas has one of the lowest construction injury rates yet is among the highest in construction fatality rates.
According to the report, "Such low-injury-rate states have artificially suppressed the US injury rate, which the paper nonetheless compares to the New York rate."
"This is a law that protects construction workers. Construction workers are doing a really difficult job and they're doing it every day and they are growing our economy," Duffy said. "Construction workers are literally the bread and butter of what makes New York City, New York City … and this is a state of construction."
Assemblyman Francisco Moya, a Democrat from Queens, said the Center for Popular Democracy's report "injected some truth into the politically-charged debate surrounding the scaffold law."
"Many untruths have been lobbed at the scaffold law in an attempt to dismantle it. This report makes clear that those untruths have unfortunately been crafted by parties who have a financial interest in watering down workplace protections," Moya, a staunch supporter of the law, said in an e-mail. "When it comes to life and death decisions about workplace safety, there's no room for politics. It has to be about facts. And the fact is that the Scaffold Law protects workers. That's the real bottom line."
Source
Puerto Rico: Shelter After the Storm
Puerto Rico: Shelter After the Storm
"The members of Congress do not think of Puerto Rico as a part of their constituency and responsibility, and that is...
"The members of Congress do not think of Puerto Rico as a part of their constituency and responsibility, and that is what is underneath this crisis," says Ana Maria Archila from the Center for Popular Democracy. "It is a crisis of democracy as much as it's a climate crisis, as much as it's an economic crisis."
Read the full article here.
Retail and restaurant workers have the worst schedules. Oregon plans to change that.
Retail and restaurant workers have the worst schedules. Oregon plans to change that.
In the next upcoming battle for workers’ rights, activists aren’t asking for more money or more time off. They just...
In the next upcoming battle for workers’ rights, activists aren’t asking for more money or more time off. They just want workers to get a little advance notice about what their schedule will be.
Activists for better working conditions have scored victories lately. This year, 19 states increased their minimum wage — the result of a coordinated state-by-state campaign to take action on an issue that the federal government has basically ignored for a decade. And a handful of cities and states have passed laws requiring employers to offer workers paid parental leave.
Read the full article here.
Don't Raise Rates, Protesters Tell St. Louis Fed
St. Louis Post-Dispatch - March 5, 2015, by Jim Gallagher - About a dozen chilly protesters gathered outside the...
St. Louis Post-Dispatch - March 5, 2015, by Jim Gallagher - About a dozen chilly protesters gathered outside the Federal Reserve Bank of St. Louis on Thursday to complain that the Fed may soon make it harder to find work.
The Federal Reserve is widely expected to raise interest rates later this year, a move intended to prevent inflation in years hence. The protesters complained that higher interest rates can also cut off the jobs recovery.
The Fed represents “the 1 percenters,” said Derek Laney, an organizer with Missourians Organizing for Reform and Empowerment. “They are the big banks, the big corporations, and their mandate is to keep inflation low at all costs.”
People at the bottom of the economic ladder would trade some inflation for jobs, he said.
The protesters complained that the Fed has set a target for inflation at 2 percent — slightly above the current inflation rate — but has no target for reducing unemployment.
Rising rates tend to slow an economic rebound eventually, although there is usually a long lag.
The protest was timed for release of a report by three national advocacy groups, including the Economic Policy Institute, the Center for Popular Democracy and Fed Up: The National Campaign for a Stronger Economy.
The report complained that the boards of the Fed's 12 regional banks, which influence national decisions, are heavy on banking and business executives, but light on representatives of other citizens, such as labor and clergy.
The boards also don't fully reflect their community's racial mix, the report said. For instance, the St. Louis Fed's board is 10 percent black while its multi-state region is 17 percent black, according to the report.
The Federal Reserve Bank of St. Louis did not immediately provide a comment.
Source
Under scrutiny, New York Fed sets short list for Dudley successor
Under scrutiny, New York Fed sets short list for Dudley successor
“Community and labor activists led by the Fed Up coalition demonstrate and call for the selection of a Federal Reserve...
“Community and labor activists led by the Fed Up coalition demonstrate and call for the selection of a Federal Reserve Bank of New York president independent from Wall Street, outside the Fed bank in New York, March 12, 2018.”
Read the full article here.
Newark Police first in N.J. to refuse to detain undocumented immigrants accused of minor crimes
The Star-Ledger – August 15, 2013, by James Queally - The Newark Police Department has become the first law enforcement...
The Star-Ledger – August 15, 2013, by James Queally -
The Newark Police Department has become the first law enforcement agency in New Jersey to refuse the federal government’s requests to detain people accused of minor crimes who are suspected of being in the U.S. illegally, according to immigration advocates.
In enacting the policy, Newark becomes the latest city to opt out of the most controversial part of the “Secure Communities” program implemented by the U.S. Immigration and Customs Enforcement Agency in 2011, which allows the agency to ask local police to hold any suspect for up to 48 hours if their immigration status is called into question.
In the past two years, cities and states across the nation, including New York City, Chicago, Los Angeles, Massachusetts and Connecticut, have adopted similar policies. Earlier this week, Orleans Parish sheriffs also said they will stop honoring the detainer requests.
“Secure Communities” was designed to enhance ICE’s ability to track dangerous criminals who are undocumented immigrants. Under the policy the Department of Homeland Security reviews fingerprints collected by local police during an arrest, which then allows ICE to issue the detainer requests. Immigration advocates, however, argue the policy has been misused, leading to the deportation of people accused of low-level offenses and inhibits collaboration between police and people who are undocumented.
Udi Ofer, the executive director of the state chapter of the ACLU, said Newark’s policy was a collaborative effort between the city, the ACLU and several immigrants rights groups.
“With this policy in place, Newark residents will not have to fear that something like a wrongful arrest for a minor offense will lead to deportation,” said Ofer. “It ensures that if you’re a victim of a crime, or have witnessed a crime, you can contact the police without having to fear deportation.
Newark Police Director Samuel DeMaio signed the directive on July 24. Newark will no longer comply with ICE requests to hold suspects accused of crimes like shoplifting or vandalism.
City police will continue to share fingerprint information with federal investigators, according to DeMaio, who said the department received only eight detainer requests in 2012.
“If we arrest somebody for a disorderly persons offense and we get a detainer request we’re not going to hold them in our cell block,” he said. “I don’t know if we’ve ever gotten a detainer request on a guy with a misdemeanor.”
An ICE spokesman declined to comment directly on the policy. But immigrants rights advocates hailed the move as an olive branch to undocumented immigrants, who often hesitate to cooperate with police who are investigating serious crimes in their community for fear of deportation.
That fear has been evident in a series of community meetings in the Newark’s immigrant-heavy Ironbound neighborhood, which began after “Secure Communities” was implemented in New Jersey last year, said East Ward Councilman Augusto Amador.Amador has been present for a number of those sessions, and said the culture of fear created by the program stopped many undocumented immigrants from reporting crimes committed against them in the area.
“I agree totally with the policy,” he said. “The Newark Police Department already has enough problems to worry about, rather than being involved with matters that don’t belong to them.”
A representative for Mayor Cory Booker’s administration said the policy is a smart move that strengthens ties with city residents and maintains a relationship with ICE.
“The Newark Police Department’s policy improves community relations, while saving taxpayer money and ensuring that city, state, and federal officials continue to share critical information needed to prosecute criminals and keep our streets safe,” said city spokesman James Allen.
Nisha Agarwal, deputy director of the Center for Popular Democracy, said ICE has misused the “Secure Communities” policy in other areas, and Newark’s directive will slowdown the agency if it attempts to start deportation proceedings against someone for a small-scale offense.
“They often will (issue) detainers in cases where it’s really minor, when the person is not a threat to society in any way,” she said.
New Jersey has one of the country’s largest immigrant populations and the state is home to more than 500,000 undocumented immigrants, according to Amy Gottlieb, director of the American Friends Service Committee. Gottlieb said she hopes to see other New Jersey law enforcement agencies echo Newark’s policy.
“Any detainer policy where people are aware that the police department is acting in support of the immigrant community is going to be helpful for police and immigrant relations,” she said.
Source
Activist Group Takes Out TV Ad Calling for Trump to Keep Yellen
The Center for Popular Democracy's Fed Up campaign broadcast a 30-second TV spot urging Mr. Trump to offer Fed...
The Center for Popular Democracy's Fed Up campaign broadcast a 30-second TV spot urging Mr. Trump to offer Fed Chairwoman Janet Yellen a second term. The ad ran during "Fox & Friends," a morning show the president watches and often reacts to on Twitter.
Read the full article here.
1 month ago
1 month ago