NYC debe apoyar a la numerosa población inmigrante para asegurar una fuerza laboral exitosa
NYC debe apoyar a la numerosa población inmigrante para asegurar una fuerza laboral exitosa
Marta tiene dificultad para encontrar trabajo últimamente. Con frecuencia, cuando va a solicitar empleo haciendo comida...
Marta tiene dificultad para encontrar trabajo últimamente. Con frecuencia, cuando va a solicitar empleo haciendo comida o labores domésticas, lo primero que le preguntan es, “¿Habla inglés?” Marta siempre responde la verdad, que solo sabe un poco.
Con frecuencia, los empleadores la rechazan porque quieren personas que dominen el inglés. “Estos días, la verdad que es muy difícil conseguir trabajo”, dijo Marta.
La ciudad de Nueva York tiene la población inmigrante más diversa entre todas las grandes metrópolis del mundo. Los inmigrantes constituyen más de 40% de la población y casi la mitad de la fuerza laboral de la ciudad.
Pero la ciudad enfrenta una paradoja: si bien la tasa de empleo entre los inmigrantes es más alta que la de los oriundos de Nueva York, un porcentaje desproporcionado de aquellos tienen empleos con poca paga, sus ingresos promedio son más bajos que los de las personas nacidas allí y, con frecuencia, se ven más afectados por la pobreza. Muchos de ellos, al igual que Marta, tienen conocimientos limitados de inglés, lo que puede dificultar que encuentren un trabajo bien remunerado.
Desde que el alcalde de Nueva York Bill de Blasio asumió el mando hace poco más de dos años, la ciudad ha comenzado a reestructurar el sistema de desarrollo de la fuerza laboral, lo que crea una oportunidad importante de eliminar las injusticias que enfrentan los neoyorquinos inmigrantes.
El nuevo marco de la ciudad para su sistema de desarrollo de la fuerza laboral, llamado Career Pathways, promete invertir un nivel sin precedente de fondos en capacitación laboral y educación orientado a los trabajadores más vulnerables de la ciudad, para asegurar que la inversión de la ciudad en la fuerza laboral sea uniforme en las diversas agencias municipales y colaborar con los empleadores y otras partes interesadas a fin de mejorar la calidad de los empleos con salarios más bajos en la ciudad.
Ahora que se está implementando el nuevo marco para el desarrollo de la fuerza laboral, se debe aprovechar la oportunidad para asegurar que se atiendan las necesidades de la numerosa fuerza laboral inmigrante de Nueva York. La gran mayoría de los trabajadores en las ocupaciones de mayor crecimiento en la ciudad, desde auxiliares de servicios de salud a domicilio hasta obreros de construcción, enfermeros diplomados y programadores de computadoras, son inmigrantes. Como tal, los trabajadores inmigrantes son fundamentales para la vitalidad económica de la ciudad, y su éxito debe ser primordial en la reforma del sistema laboral de la ciudad.
Los trabajadores inmigrantes y postulantes a empleo enfrentan muchas barreras singulares que limitan su superación en la fuerza laboral. Por ejemplo, un número considerable de inmigrantes no hablan inglés bien y tienen, en promedio, un nivel más bajo de educación formal.
Al mismo tiempo, hay miles de inmigrantes con grados universitarios u otras credenciales educativas que no se reconocen en Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen otra opción que realizar trabajos en los que no se aprovechan del todo sus aptitudes y talento. Además, entre los trabajadores con salarios bajos, que son mayormente inmigrantes, la explotación es algo común. Esto es particularmente cierto en el caso de los trabajadores indocumentados y quienes trabajan en la economía informal.
El éxito del plan de Career Pathways depende de su capacidad de eliminar las principales barreras que enfrentan los neoyorquinos inmigrantes. Un informe preparado conjuntamente por el Center for Popular Democracy y Center for an Urban Future identifica estas barreras y describe una estrategia coordinada para enfrentar los obstáculos que impiden que los trabajadores inmigrantes alcancen plenamente su potencial.
Específicamente, la ciudad y las entidades privadas que financian la fuerza laboral deben invertir en clases de inglés, educación de adultos y programas de capacitación y titulación para trabajadores con diversos niveles educativos y de dominio de inglés. Esto les permitiría aprender las destrezas que necesitan para ser competitivos en la fuerza laboral y evitaría que se estanquen en empleos con poca paga.
En segundo lugar, la ciudad debe asegurar que los trabajadores inmigrantes estén enterados de estos servicios al asegurarse de que se ofrezcan en los vecindarios donde los inmigrantes viven o trabajan. Una gran manera de hacerlo es asociarse con organizaciones sin fines de lucro en las comunidades inmigrantes y asegurar que los fondos disponibles estén llegando a los programas laborales en las comunidades inmigrantes.
Finalmente, una estrategia de desarrollo de la fuerza laboral que es eficaz para los inmigrantes debe mejorar la calidad de los empleos con salarios bajos que ocupan a tantos de ellos. Esto incluye mejorar las leyes de protección laboral y velar por su cumplimiento, algo que con frecuencia no se hace, además de lograr un sueldo mínimo más alto y acceso a licencia pagada por enfermedad. Los mismos empleadores son una parte importante de esta conversación, y la ciudad debe usar su influencia para ayudarlos a mejorar la calidad de sus empleos peor pagados.
Sin un enfoque coordinado para asegurar que los servicios de desarrollo laboral estén atendiendo a los inmigrantes, el plan de la ciudad corre el riesgo de pasar por alto a un grupo enorme de trabajadores y personas que buscan empleo. En este momento tenemos la oportunidad de asegurar que se incluyan a los inmigrantes como parte esencial de este plan.
By Kate Hamaji & Christian González-Rivera
Source
Post Navigation Report Finds Lack of Proper Fraud Oversight at Charters in State
LA School Report - March 24, 2015, by Craig Clough - California is extremely vulnerable to fraud at charter schools and...
LA School Report - March 24, 2015, by Craig Clough - California is extremely vulnerable to fraud at charter schools and as a result can expect to lose $100 million in wasted tax money in 2015, a new report released today finds.
The report from the Center for Popular Democracy, Alliance of Californians for Community Empowerment and Public Advocates found that there are “structural oversight weaknesses” in the state’s charter system.
Among the problems it found:
Oversight depends heavily on self-reporting by charter schools.
General auditing techniques alone do not uncover fraud.
Oversight bodies lack adequate staffing to detect and eliminate fraud.
California has the largest number of charter schools in the nation — 1,184, according to the California Charter Schools Association. The number in LA Unified grew this year to 285, 231 of which are independent.
The report recommends a few solutions, including requiring oversight agencies, such as the State Comptroller’s Office and Fiscal Crisis and Management Assistance Team, to conduct audits on charter schools once every three years, and not only when requested to do so.
“There’s no proactive system for auditing California’s charter schools by state officials… They wait until someone has whisteblowers come forward and the media has put something out, but there’s not a regular system for auditing schools,” said Kyle Serrette, director of education at the Center for Popular Democracy, in a call with reporters.
The report stated that over $81 million in fraud has been uncovered at charter schools to date, but that it is likely the “tip of the iceberg” and estimated the state will lose $100 million this year alone to waste, fraud and mismanagement at charters.
“We have a situation where we are losing millions of dollars to fraud in the charter sector every single year. We now know what the problem is,” Serrette said, adding that the backers of the report will be pushing state lawmakers for policy changes based on the findings of the report.
Serrette also said there are other states that do a better job of applying rigorous oversight of charters.
“Pennsylvania is a great example where the auditor general audits all of Pennsylvania’s charter schools every three to five years and the districts, which tend to be the authorizers there, they do the same thing,” Serrette said.
Click here to read the full report.
Source
Oakland spends far too much on policing
Oakland spends far too much on policing
The numerous police killings of black citizens around the country in recent years have made us take a hard look at...
The numerous police killings of black citizens around the country in recent years have made us take a hard look at police brutality against black communities but law enforcement in Oakland has a particularly alarming history.
Between 2000 and 2016, police officers in Oakland have killed 90 people, three quarters of whom were black. Victims include 23-year-old Richard Linyard, who was killed after fleeing police at a traffic stop and 30-year-old Demouria Hogg, who was shot and killed by police after they found him unconscious in a car with a pistol.
Read the full article here.
Advocates of minimum wage hike raise more than $1.4 million
Advocates of minimum wage hike raise more than $1.4 million
Proponents of hiking the state’s minimum wage have already collected more than $1.4 million to put the issue on the...
Proponents of hiking the state’s minimum wage have already collected more than $1.4 million to put the issue on the November ballot and convince voters to support it.
But there’s no word on how much the Arizona Restaurant Association has spent so far trying to keep Proposition 206 from ever getting to voters.
New campaign finance reports due Friday show donations of $1,357,509 to Arizonans for Fair Wages and Health Families, with another $100,000 on loan from campaign consultant Bill Scheel. Most of those dollars — about $900,000 — were spent hiring paid circulators to put the issue on the ballot.
But the secretary of state’s office said Friday it has yet to get a spending report from foes. In fact, spokesman Matt Roberts said foes have not even filed to form a campaign committee, a legal prerequisite for spending any money for or against ballot measures.
There clearly has been some spending.
The restaurant association hired attorneys and filed suit on July 14 in a legal bid, unsuccessful to date, to have the measure removed from the November ballot. And the report due Friday is supposed to cover all expenses through Aug. 18.
Neither Steve Chucri, president of the restaurant group, nor Chiane Hewer, its spokeswoman, returned repeated calls seeking comment.
Roberts said his office has no legal opinion on whether the money spent in court over ballot measures has to be reported. But the legal expenses incurred by initiative supporters are listed, with their report saying the group paid $70,000 to the Torres Law Group to defend them in the lawsuit brought by the restaurant association.
Proposition 206, if approved in November, would immediately hike the state minimum wage from $8.05 an hour now to $10. It would hit $12 an hour by 2020, with future increases linked to inflation.
It also would require companies to provide five days of paid sick leave a year; small employers would have to offer three days.
There is one thing missing, however, from the report by the pro-206 group.
The report shows $998,684 of the donations coming from Living United for Change in Arizona.
But Tomas Robles, former director of LUCHA who is now chairing the campaign, said some of those dollars came from elsewhere. He said the organization has been the beneficiary of funds from groups like the Center for Popular Democracy and the United Food and Commercial Workers union.
Robles said, though, that the way Arizona law has been amended by the Republican-controlled legislature does not require detailing the specific donors or the amounts they gave.
While any spending by the restaurant association to date is unknown, the campaign is likely to be overshadowed, at least financially, by the fight over Proposition 205.
That measure would legalize the recreational use of marijuana by all adults; current law limits use of the drug to those who have certain medical conditions, a doctor’s recommendation and a state-issued ID card.
So far the Campaign to Regulate Marijuana Like Alcohol has amassed more than $3 million in donations.
Of that, $778,950 comes from the Marijuana Policy Project, the national group that funded the successful 2010 campaign for medical marijuana. A separate Marijuana Policy Project Foundation kicked in another $236,572.
Virtually all of the other five- and six-figure donations come from existing medical marijuana dispensaries. Proposition 205 would give them first crack at getting a license for one of the fewer than 150 retail outlets that would be allowed until 2021.
So far the campaign has spent nearly $2.6 million.
The opposition Arizonans for Responsible Drug Policy reported collected $950,011 but has spent less than $294,000.
The Arizona Chamber of Commerce is the largest single source of funds for the anti-205 campaign, so far putting in $114,000.
There’s also a $100,000 donation from T. Sanford Denny. He’s the chairman of United National Corp., which Bloomberg says is a privately owned holding company for First Premier Bank.
Another $100,000 was chipped in by Randy Kendrick, wife of Arizona Diamondbacks owner Ken Kendrick.
The new reports also show that a branch of the Service Employees International Union spent $2.1 million in its ill-fated attempt to put a measure on the ballot to cap the compensation of non-medical hospital executives at $450,000 a year. Proponents gave up after a lawsuit was filed contending that many of the people who circulated petitions had not complied with state law, voiding any of the signatures they collected.
By: Howard Fischer
Source
How to Join the ‘Day Without Immigrants’ on May Day
How to Join the ‘Day Without Immigrants’ on May Day
A coalition led by immigrants and workers is aiming to mark this year’s May Day with the biggest workers strike and...
A coalition led by immigrants and workers is aiming to mark this year’s May Day with the biggest workers strike and mobilization in over a decade...
Read full article here.
Bankruptcy lenders say 'no' to more cash benefits for fired Toys 'R' Us workers
Bankruptcy lenders say 'no' to more cash benefits for fired Toys 'R' Us workers
Wachtell's letter said there's $180 million set aside for unsecured creditors with administrative claims. The two...
Wachtell's letter said there's $180 million set aside for unsecured creditors with administrative claims. The two advocacy groups, which include the Center for Popular Democracy and the Private Equity Stakeholder Project, estimated the workers should have received $75 million in severance under the company's policy, and are asking for contributions to meet that sum.
Read the full article here.
Debbie Wasserman Schultz’s Challenger Has a Chance
During the presidential primary, Democratic National Committee Chair Debbie Wasserman Schultz has managed the...
During the presidential primary, Democratic National Committee Chair Debbie Wasserman Schultz has managed the impressive feat of angering virtually every liberal in America. Bernie Sanders supporters think she displays a transparent biasfor Hillary Clinton. Party stalwarts, including Clinton fans, criticize the decision tohide primary debates on weekend nights, ceding hours of free media time to Republicans in the formative stages of the election. And in a recent interview with the New York Times Magazine, Wasserman Schultz insulted millennial women for being “complacent” about abortion rights. This is an incomplete list.
In two separate petitions, more than 94,000 people have demanded that Wasserman Schultz resign as DNC chair. But back in her district, in Hollywood, Florida, Timothy Canova has another idea: vote her out of office.
Last Thursday, Canova, a former aide to the late Sen. Paul Tsongas and a professor at Nova Southeastern University’s Shepard Broad College of Law, jumped into the Democratic primary in Florida’s 23rd congressional district. It’s Wasserman Schultz’s first primary challenge ever, and with frustration running high against her, it’s almost certain to draw national attention. But Canova first became interested in challenging Wasserman Schultz not because of her actions as DNC chair, but because of her record.
“This is the most liberal county in all of Florida,” Canova said in an interview, referring to Broward County, where most of Wasserman Schultz’s district resides (a small portion is in northern Miami-Dade County). But she more closely associates with her significant support from corporate donors, Canova argued. He listed several of Wasserman Schultz’s votes, such as blocking the SEC and IRS from disclosing corporate political spending (which was part of last month’s omnibus spending bill),opposing a medical marijuana ballot measure that got 58 percent of the vote in Florida, preventing the Consumer Financial Protection Bureau from regulating discrimination in auto lending and opposing their rules cracking down on payday lending, and supporting “fast track” authority for trade deals like the Trans-Pacific Partnership.
“I think anyone who voted for fast track should be primaried. I believe that ordinary citizens have to step up,” Canova said.
Canova espouses many of the populist themes that attract the left: fighting corporate power, defending organized labor, and reducing income inequality. But this is not just a Bernie Sanders Democrat. You have to go back further. Tim Canova is a Marriner Eccles Democrat.
Eccles chaired the Federal Reserve during Franklin Roosevelt’s presidency. And Canova believes the central bank should revisit Eccles’s unorthodox strategies to jump-start a broad-based economic recovery. “In the 1930s, the regional Fed banks made loans directly to the people,” Canova said. “Instead of purchasing $4 trillion in Treasuries and mortgage-backed securities, [the Fed] could buy short-term municipal bonds and drive the yield to zero for state and local governments. They could push money into infrastructure, making loans to state infrastructure banks.” Canova has even suggested that the government create currency outside of the central bank, breaking their monopoly on the money supply, as President Abraham Lincoln did with the “Greenback” in the 1860s.
During World War II, FDR directed Eccles’s Fed to finance American war debt at low rates, eventually producing a stimulus that helped to end the Great Depression. It was a time when the Fed was far more accountable to democratically elected institutions, one that Canova looks back upon fondly. “People like to talk about the Fed’s independence, that’s really a cover for the Fed’s capture,” he said. “They look out for elite groups in society, and the hell with everybody else.”
A growing faction of progressives are beginning to return to their roots, asking whether Fed policies truly support the public interest. The Fed Up campaign, with which Canova has consulted, seeks to pressure the Fed to adopt pro-worker policies. A surprise movement in Congress just cut a 100 year-old subsidy the Fed handed out to banks by $7 billion. Even mainstream figures like economist Larry Summerswonder whether the Fed’s hybrid public/private structure, which critics believe makes it beholden to financial interests, makes sense.
Progressive debates on central banking are not as advanced here as in Europe, where British Labour Party leader Jeremy Corbyn wants a “quantitative easing for people,” where the central bank injects money directly into the economy rather than filtering it through financial institutions. But Canova, who says his views were most influenced by an undergraduate economics professor who taught with one book—John Maynard Keynes’s General Theory of Employment, Interest and Money—bridges this gap. Twenty years ago this week, he wrote an op-ed for the New York Timesopposing the reappointment of Alan Greenspan as Fed chair because of his support for high real interest rates. If elected this fall, he would instantly become the strongest advocate in Congress for a people’s Fed.
While Debbie Wasserman Schultz has few known views on the Federal Reserve, Canova’s populism offers a strong counterweight to her corporate-tinged philosophy. And even before that contrast plays out, the hunger for any challenge to Wasserman Schultz is palpable.
“The money is coming in more rapidly than believable,” said Howie Klein, co-founder of Blue America PAC, which raises money for progressive Democrats. Wasserman Schultz has been on Klein’s radar since she, as chair of the “Red to Blue” campaign for electing House Democrats, refused to campaign against three Republicans in Florida because of prior friendships and their joint support for the state sugar industry.
Klein sent a Blue America fundraising email shortly after Canova’s announcement, and raised $7,000 within 12 hours, and over $10,000 at last count. The intensity of support reached beyond the PAC’s traditional donor base. “Our average donation is $45, but in this case we’re getting $3, $5,” Klein said. “For people who our donors have never heard of, it can take three-four months to do that. It’s just because ofDebbie Wasserman Schultz.”
Similarly, Canova says he’s seeing tens of thousands of visits to his website andFacebook page, suggesting support beyond south Florida. However, he wants to localize rather than nationalize the race. The district, initially drawn with Wasserman Schultz’s input when she served in the Florida state Senate, is now more Hispanic and less reliable for a politician who Canova believes has lost touch with her constituents.
“You talk to people at the Broward County Democratic clubs, they say she takes us for granted,” Canova said. The political model for his campaign is David Brat, another academic who took on a party leader—then-House Majority Leader Eric Cantor—and defeated him, on the grounds that Cantor ignored his district amid constant corporate fundraising.
If there’s one thing Wasserman Schultz can do, it’s raise money—that’s why she chairs the party. She will have a big cash advantage and the power of incumbency. But Canova thinks he can outmatch her by riding the populist tide. “There’s a tendency to get so down about the system, but this is an interesting moment we’re living in,” Canova said. “This is a grassroots movement. We’re tapping in without even trying yet.”
Source: The New Republic
From Low Pay to High Stress: These Are the Absolute Worst Companies to Work for in America, According to Employees
From Low Pay to High Stress: These Are the Absolute Worst Companies to Work for in America, According to Employees
“American consumers have a love-hate relationship with drugstore chains and their pricey prescriptions, but it seems...
“American consumers have a love-hate relationship with drugstore chains and their pricey prescriptions, but it seems employees do as well. Disgruntled Walgreens employees site poor pay (cashiers are paid just $9 per hour) and other labor issues as major negatives. The Center for Popular Democracy tallied actual employee votes and named Walgreens the worst company in America. They’ve even been accused of promoting employees to salary positions to skirt overtime pay, resulting in employees earning less money per hour than their hourly counterparts.
Read the full article here.
Candidates Ready for GOP Debate: Alleged NY Backers of Hate Rhetoric
NEW YORK - Protestors called out some prominent New Yorkers ahead of tonight's GOP presidential candidate debate,...
NEW YORK - Protestors called out some prominent New Yorkers ahead of tonight's GOP presidential candidate debate, accusing them of funding a network of groups that promote anti-immigrant hate speech. Connie Razza, director of strategic research for the Center for Popular Democracy Action, said those allegations are confirmed in a new report that identifies New Yorker Barbara Winston as a financial contributor and board member of groups that, for example, worked to restrict undocumented immigrants' access to driver's licenses in the wake of the 9-11 attacks.
"When Donald Trump talks about deporting all of the undocumented immigrants in the United States," she said, "he's really picking up the platform that these wealthy New Yorkers have been investing in, over years." We reached out for comment to Bruce Winston Gem where Barbara Winston serves as president. Asked to respond to the allegation that Barbara Winston funded hate speech organizations, a manager there said, “No, it is not true.” Immigrant advocates say they protested in front of the Harry Winston Jewelers on Fifth Avenue Tuesday, because they say Barbara Winston owns that property.
Daniel Altschuler, managing director of the Make the Road Action Fund and co-editor of the report, "Backers of Hate in the Empire State," said it calls on nonprofit groups, political parties and the news media to sever ties with the New Yorkers cited in the report and the groups they are allegedly funding. "These are folks that have been buttressing the anti-immigrant infrastructure in this country," he said. "It identifies these folks, and demands that they be held responsible for promoting this kind of anti-immigrant rhetoric and false facts." Razza said it has been a major goal of these anti-immigrant groups to get their views front and center in prime-time slots such as tonight's GOP debate. "These wealthy New Yorkers are providing funding both to this anti-immigrant hate network and to the Republican Party," she said, "and starting to mainstream anti-immigrant hate in a way that's really dangerous."
The report is online at cpdaction.org. - See more at: http://www.publicnewsservice.org/2015-10-28/immigrant-issues/candidates-...
Source: Public News Service
Chicago's minimum wage fight officially kicks off with $15 proposal
Crain's Chicago Business - May 27, 2014, by Greg Hinz - Ending months of preliminaries, a group of 10 or more Chicago...
Crain's Chicago Business - May 27, 2014, by Greg Hinz - Ending months of preliminaries, a group of 10 or more Chicago aldermen tomorrow is expected to introduce legislation to bring a $15 minimum wage to Chicago.
But at least for now, the measure faces a very uphill road, with Mayor Rahm Emanuel believed to favor some increase but not one of that size.
News of tomorrow's development came from Ald. Roderick Sawyer, 6th, who in a conference call with reporters today said that the measure raising the rate from the current $8.25 statewide figure would be phased in over time.
Mr. Sawyer did not provide further details but suggested that small businesses might be given more time to adapt than large companies.
He said "about 10" aldermen will co-sponsor the ordinance, most of them members of the City Council's progressive caucus. Another member of that group, Rick Munoz, 22nd, said he believes that, once introduced, the measure eventually will get support "in the high teens."
"In the high teens" is not enough to pass a bill in the 50-member City Council, where 26 votes are needed for a majority.
Mr. Emanuel last week appointed eight other aldermen to a panel that will recommend within 45 days how much to hike the minimum wage.
In announcing that move, the mayor did not say how much the wage should go up, only that it should rise because "Chicagoans deserve a raise." But, given Mr. Emanuel's extensive backing from business as he nears re-election, my suspicion is that he will end up favoring a hike that's less than that pushed by the Sawyer group. That would allow Mr. Emanuel to present himself as a moderate of sorts — someone who's for the working person but not an extremist.
Mr. Sawyer's announcement came at an event at which Raise Chicago, an advocacy group, released a report suggesting that a $15 minimum wage would bring substantial benefits.
Specifically, it said, the hike would boost wages in the city by a collective $1.5 billion, stimulating economic activity that would create 5,300 new jobs and $43 million in new tax revenue, while slashing job turnover rates "as much as 80 percent."
The move for an increase in the Illinois minimum wage is stalled, at least for now, but the issue has become a very hot subject nationally.
Source
1 month ago
1 month ago