Tax reform stumbling block
Tax reform stumbling block
Don’t look for a tax reform roll-out as soon as Congress comes back despite the aggressive timetable laid out by White House legislative director Marc Short. Part of the reason is that it probably...
Don’t look for a tax reform roll-out as soon as Congress comes back despite the aggressive timetable laid out by White House legislative director Marc Short. Part of the reason is that it probably won’t be ready yet. But it also has to wait until after the GOP congress passes a budget resolution, people close to the matter tell MM.
Because if Republicans lay out their tax reform plan beforehand, Democrats could use the budget vote-a-rama process in the Senate to try and attack individual pieces of the plan.
Read the full article here.
US lawmaker welcomes plan to aid Caribbean immigrants
Guardian - July 22, 2013 - Caribbean American Congresswoman Yvette D Clarke has welcomed a plan by New York City (NYC) to aid undocumented Caribbean immigrants. NYC officials say the city will...
Guardian - July 22, 2013 - Caribbean American Congresswoman Yvette D Clarke has welcomed a plan by New York City (NYC) to aid undocumented Caribbean immigrants. NYC officials say the city will spend US$18 million to help undocumented Caribbean and other immigrants find jobs. City council speaker Christine Quinn, a mayoral candidate, said the money will fund adult education classes and legal services that the US federal government requires immigrants to take to qualify for the Deferred Action for Childhood Arrivals programme.
The New York Immigrant Family Unity Project will provide free legal services to immigrants threatened with deportation who are unable to represent themselves in proceedings. “New York has always been a city of immigrants within a nation of immigrants,” said Clarke, the daughter of Jamaican immigrants, who represents the 9th Congressional District in Brooklyn.
“Under this programme, thousands of immigrants in Brooklyn and other parts of the city will finally have an opportunity to challenge the deportation proceedings that separate families and weaken communities,” she said.
Source
Fed district that includes Charlotte announces new president
Fed district that includes Charlotte announces new president
The Federal Reserve Bank of Richmond, which monitors large banks in a district that includes Charlotte, announced a new president on Monday.
Thomas Barkin, chief risk officer for consulting...
The Federal Reserve Bank of Richmond, which monitors large banks in a district that includes Charlotte, announced a new president on Monday.
Thomas Barkin, chief risk officer for consulting firm McKinsey & Company, assumes the Fed role Jan. 1. He replaces Jeffrey Lacker, who abruptly retired this year after acknowledging he had improperly discussed sensitive information involving Fed policy with an analyst.
Read the full article here.
Escuelas charter en Nueva York requieren mayor escrutinio
Escuelas charter en Nueva York requieren mayor escrutinio
Las escuelas independientes (charter) han proliferado en las últimas dos décadas con repetidas promesas de mejorar la calidad de la educación. Su ascenso ha sido tan rápido que hoy en día, el...
Las escuelas independientes (charter) han proliferado en las últimas dos décadas con repetidas promesas de mejorar la calidad de la educación. Su ascenso ha sido tan rápido que hoy en día, el número de alumnos matriculados en muchas escuelas públicas está disminuyendo vertiginosamente, y se tiene previsto que en la próxima década algunos distritos pierdan hasta un tercio de sus estudiantes con relación a principios de siglo. Muchos distritos afectados por esta tendencia se están viendo forzados a despedir maestros, enfermeros y otro personal importante que apoya a los alumnos que quedan en las escuelas públicas.
La ley federal Every Student Succeeds, promulgada a fines del año pasado, no hará sino acelerar esta tendencia. Se proyecta que la ley aumentará al doble el gasto en escuelas charter durante la próxima década.
Sin embargo, a pesar de la explosión en ese sector, la supervisión se ha quedado atrás y, hoy en día, hay cada vez más motivos de preocupación. En un estado tras otro, las investigaciones han revelado mala administración, abusos y fraude descarado en las escuelas charter, incluso en aquellas elogiadas por sus buenos resultados. Una encuesta reciente de escuelas charter en todo el país realizada por el Center for Popular Democracy, descubrió que han despilfarrado la asombrosa cantidad de $216 millones desde 1994.
La ciudad de Nueva York no ha sido inmune al problema. En la extensa red de KIPP, por ejemplo, la escuela pagó casi $70,000 para llevar al personal en viajes de varios días al Caribe para fines presuntamente educativos, pero se detectaron pocas actividades de desarrollo profesional durante la estadía, según descubrió una auditoría en el año 2006.
En 2010, Joel Klein, secretario del Departamento de Educación, ordenó que la East New York Preparatory Charter School cerrara sus puertas después de que se reveló que la fundadora y directora de la escuela se había nombrado superintendente y se había dado un aumento de $60,000.
Muchas otras escuelas charter en toda la ciudad enfrentan preguntas sobre gastos cuestionables. El informe del CPD descubrió que muchas escuelas en la ciudad no documentaban sus gastos, no divulgaban casos de conflicto de intereses ni usaban licitaciones competitivas para asegurarse de comprar productos y servicios al mejor precio.
No se puede permitir que continúe esta situación, particularmente porque se tiene previsto que las escuelas charter aumenten exponencialmente en años próximos. El informe del CPD recomienda varias maneras de asegurar que los gastos de dichas escuelas se mantengan en regla, lo que incluye auditorías para detectar y evitar el fraude, y mecanismos para aumentar la transparencia de quienes operan escuelas charter.
Los encargados de dictar la política deben redoblar sus esfuerzos para promulgar medidas de supervisión incluso más estrictas y asegurar que todas las escuelas charter gasten su dinero sensatamente. A no ser que vigilemos este sector más estrechamente, en años próximos podrían desaparecer millones, perjudicando así a estudiantes y padres de familia en toda la ciudad.
By Kyle Serrette
Source
Por qué la ciudad de Nueva York es una ciudad santuario modelo
Por qué la ciudad de Nueva York es una ciudad santuario modelo
Tras meses esperanza de que Donald Trump daría marcha atrás respecto a sus promesas de campaña contra los inmigrantes, lo opuesto ha sucedido. En las primeras semanas después de asumir el mando,...
Tras meses esperanza de que Donald Trump daría marcha atrás respecto a sus promesas de campaña contra los inmigrantes, lo opuesto ha sucedido. En las primeras semanas después de asumir el mando, Trump les ha declarado la guerra a los inmigrantes y ha prometido construir un muro en la frontera, aumentar las deportaciones y no dejar entrar a refugiados.
Su programa de gobierno va en contra de todo lo que este país valora y todo lo que la ciudad de New York siempre ha defendido. El compromiso de nuestra ciudad con los inmigrantes es el núcleo de nuestra identidad. Respetamos a los inmigrantes, apoyamos sus aspiraciones y trabajamos arduamente para que sean parte de la esencia de esta ciudad.
Como tal, la ciudad de Nueva York se considera desde hace mucho tiempo una “ciudad santuario”, donde las agencias locales de la ley se rehúsan a ser forzadas a cumplir políticas de inmigración del gobierno federal que perjudican a sus comunidades. Dichas políticas están en vigor desde hace varias décadas. Incluso Rudy Giuliani, cuando fue alcalde, defendió ardientemente las leyes que prohibían que los empleadores de la ciudad de Nueva York reportaran la situación inmigratoria de los neoyorquinos inmigrantes.
Cientos de ciudades, estados y condados siguen políticas similares. Entre ellos se encuentran algunas de las más grandes ciudades del país, como también pueblitos al interior de los estados donde ganó Trump. Las razones son las mismas: las políticas de santuario mantienen a las ciudades más seguras y prósperas al no forzar a los inmigrantes a la clandestinidad y permitirles aportar y llevar vidas plenas.
En años recientes, la ciudad de Nueva York ha ido incluso más lejos. Por medio del trabajo de muchas organizaciones de defensa, incluidas Make the Road New York y el Center for Popular Democracy, los líderes municipales han puesto en vigor una serie de programas que ayudan a los inmigrantes a tener una vida más segura y próspera, y que benefician a la ciudad de muchas maneras.
Por ejemplo, en el año 2014, el alcalde De Blasio dio inicio a IDNYC, el más extenso programa municipal de identificación en el país. Permite que los inmigrantes indocumentados abran cuentas de banco y tengan acceso a servicios sociales necesarios. Tiene un alcance de más de 850,000 personas y se ha hecho popular con una gran variedad de neoyorquinos, entre ellos muchos que no son inmigrantes (como yo).
La ciudad también ofrece excelente acceso lingüístico a los neoyorquinos que aún se encuentran en el proceso de aprender inglés, lo que incluye vitales servicios de interpretación y traducción en todas las agencias de la ciudad para los residentes que necesitan acceso a valiosos servicios municipales.
Para los residentes que enfrentan la traumática posibilidad de deportación y separación de sus familiares, la ciudad también ha creado un innovador programa a fin de proporcionar a los neoyorquinos en procesos migratorios acceso a abogados que tienen mucha experiencia en la defensa contra la deportación. Los clientes del programa tienen probabilidades aproximadamente 1,000 por ciento más altas de ganar sus casos de inmigración que quienes no tienen representación legal.
Con estas medidas, a la ciudad de Nueva York realmente ha elevado el estándar para otras ciudades en todo el país. Y ha sido beneficioso para toda la ciudad. Hoy en día, nuestra economía se encuentra en auge, la tasa de criminalidad es la más baja de la historia, y un nivel récord de turistas de todo el mundo vienen en masa. La protección de nuestros inmigrantes solo ha tenido consecuencias positivas para la ciudad de New York.
Seguiremos esforzándonos por lograr medidas de política que faciliten que los inmigrantes trabajen y vivan en la ciudad de Nueva York, y haremos todo lo posible para alentar a otras ciudades a que sigan nuestro ejemplo. A juzgar por el número de ciudades que se están pronunciando y declarándose santuarios tras los crueles e insensatos decretos ejecutivos de Trump, parece que el ejemplo de Nueva York ya está surtiendo efecto.
By Andrew Friedman
Source
Dallas Fed Struggles to Fill Fisher’s Big Shoes
The Federal Reserve Bank of Dallas is taking its time picking a new president, leaving the position vacant for more than four months and leaving the institution without a strong public voice at a...
The Federal Reserve Bank of Dallas is taking its time picking a new president, leaving the position vacant for more than four months and leaving the institution without a strong public voice at a time of intense debate over when the central bank should start raising interest rates.
Former president Richard Fisher stepped down March 19, leaving the bank’s first vice president Helen Holcomb to serve as interim president. His exit was long anticipated: he faced mandatory retirement due to his age. The bank formally announced Mr. Fisher’s impending exit in November. Executive search firm Heidrick & Struggles was tapped to find a successor.
Other regional Fed banks, in contrast, have filled their top vacancies more briskly in recent years. For instance, Philadelphia Fed President Charles Plosser retired March 1 and his replacement, Patrick Harker, was announced the next day.
The duration of the Dallas vacancy has surprised many central bank watchers. Some of them say the bank’s board of directors appears to want a clone of Mr. Fisher—a strong voice on major issues with deep ties to the Lone Star state.
“It’s beyond bizarre” a new president hasn’t been named yet, said Danielle DiMartino Booth, who served as a close adviser to Mr. Fisher when they were both at the bank. Ms. Booth, who left the Dallas Fed in June and is now a strategist with the Liscio Report, said what the bank appears to want is a rare commodity.
“Richard Fisher rose to the status of being a deity in Texas,” Ms. Booth said. “People associate the success of the state” with him, and it is “very difficult” to find a new leader who can maintain that sort of profile, she said.
The Dallas Fed responded to questions about the search process by producing a description of what the bank seeks in a new leader. It said candidates should have “recognized stature” in economics and finance and preferably hold a Ph.D. The “ideal candidate will exhibit a strong combination of economic/market/policy expertise, integrity (and willingness to satisfy financial interest and disclosure requirements), leadership, communication skills, interpersonal skills, and community involvement,” it said.
Before joining the Dallas Fed, Mr. Fisher was a wealthy hedge-fund operator and diplomat. He was known for a brash public style as president. He made his case against the Fed’s easy money policies in speeches invoking high and pop culture, warning repeatedly about frothy financial markets and arguing in vain for higher interest rates.
His predecessor Robert McTeer, operating under the nickname of the “Lonesome Dove,” was known for opposing rate rises—sometimes via haiku.
The Dallas Fed has “a tradition of having an outspoken leader,” said Ethan Harris, chief economist at Bank of American Merrill Lynch.
Those with knowledge of the process say the Dallas Fed is seeking a replacement who will carry on that tradition.
Heidrick & Struggles didn’t respond to questions about the search process.
The Dallas Fed president is chosen by the bank’s board of directors, subject to approval by the Federal Reserve’s Washington-based board of governors. The Dallas board members drawn from the financial industry are prohibited by law from participating in the search. The other Dallas board members who are involved declined to comment.
In recent years, regional Fed bank presidents have tended to be insiders. For example, San Francisco Fed President John Williams was previously the bank’s research director. Cleveland Fed President Loretta Mester was previously research director at the Philadelphia Fed. Mr. Harker served on the Philadelphia Fed’s board before taking the top job. Now, only current Atlanta Fed chief Dennis Lockhart had no formal connection to the central bank before joining. Mr. Fisher was the rare bird who came in cold.
“Recent history has shown that the regional banks conduct a thorough and broad review of candidates that almost exclusively ends with the insider being selected,” said Aaron Klein, director of the financial regulatory reform initiative with the Bipartisan Policy Center in Washington.
Mr. Harris said central bank insiders, shaped by a Fed culture that often rewards a gray public persona, tend to lack the dramatic flair of the past two Dallas Fed chiefs.
Some critics from labor unions and local community groups say they are disappointed by the lack of openness surrounding the selection process given that the regional Fed bank presidents are government officials who participate in important central bank policy decisions.
“We are very disappointed in what we’ve run into” trying to have a voice in the process, said Mark York, secretary-treasurer of the Dallas AFL-CIO. He said a letter from the union and other local groups asked for names under consideration to be made public in a bid to allow the public to weigh in, among other requests.
That said, not all think the bright light of transparency is a cure all. Lou Crandall, chief economist for Wrightson ICAP, said wanting to know more about the process is a “fair point.” But he warned “you don’t want a lot of public jockeying over this.”
Source: The Wall Street Journal
Democrats to introduce bills to challenge arbitration system
Democrats to introduce bills to challenge arbitration system
By Nick Niedzwiadek
ALBANY — Democratic lawmakers are expected to introduce a pair of bills to counter how corporations use binding arbitration to limit their financial exposure in legal...
By Nick Niedzwiadek
ALBANY — Democratic lawmakers are expected to introduce a pair of bills to counter how corporations use binding arbitration to limit their financial exposure in legal disputes.
Consumer advocates say corporations are increasingly requiring potential employees and consumers to agree to binding arbitration in the event of a dispute as a precondition for employment or use of a product. They say that such proceedings lack transparency, put people on an uneven playing field against well-heeled corporations and can leave people with little other legal recourse.
Assemblywoman Latoya Joyner of the Bronx and Sen. Brad Hoylman of Manhattan are expected to introduce a bill that would amend state labor law to allow employees or organized labor organizations the power to bring legal proceedings against an employer for potential violations as a stand-in for the Department of Labor — independent of any private employment agreement. The state would recover a portion of the fines assessed as part of such proceedings.
Senator Jose Serrano of the Bronx and Assemblyman Brian Kavanagh of Manhattan would establish a similar process for private citizens to seek civil penalties on behalf of the state for violations of consumer protection statutes if the applicable public agency fails to pursue them due to a lack of resources.
“Too often large companies take advantage of consumers by forcing them into signing 'take-it-or-leave-it' contracts that include hidden clauses requiring forced arbitration that heavily favor businesses,” Serrano said in a statement. “My legislation will create a level playing field and give the power back to the consumers in New York State by allowing them an opportunity to fight back when they are victims of fraud."
Several of the legislators are expected to announce the legislation at a protest in Manhattan on Thursday along with New York City Comptroller Scott Stringer and Public Advocate Tish James, according to organizers. Joining them will be a number of progressive groups, including the Center for Popular Democracy, Citizen Action, Make the Road New York and New York Communities for Change. The event will coincide with the release of a report called: “Justice for Sale: How Corporations Use Forced Arbitration Agreements to Exploit Working Families.”
"Legal rights are worthless if there's no remedy when laws are broken,” Kate Hamaji, a research analyst at the Center for Popular Democracy who authored the report, said in a statement. “Forced arbitration essentially allows corporations to opt out of the justice system by creating a private parallel system that makes it prohibitively expensive to seek justice and creates incentives for arbitrators to rule in favor of companies."
The report can be found here.
Arrests, sit-ins, shouting — activists plan a week of nationwide protest to fight Graham-Cassidy
Arrests, sit-ins, shouting — activists plan a week of nationwide protest to fight Graham-Cassidy
Since early March, when the first Republican effort to repeal and replace the Affordable Care Act was introduced in the House, activist groups have driven millions of phone calls and thousands of...
Since early March, when the first Republican effort to repeal and replace the Affordable Care Act was introduced in the House, activist groups have driven millions of phone calls and thousands of protesters to Washington.
To push for the bill’s defeat, they led numerous rallies on Capitol Hill, occupied Senate offices, shouted in the Capitol building — and even learned, if they made enough noise, senators could hear them outside the Capitol.
Read the full article here.
Should state be allowed to take over chronically failing schools?
Should state be allowed to take over chronically failing schools?
Georgia voters are being asked to approve a new and controversial way to improve public education. The proposal would empower the state to take over chronically failing schools or convert them to...
Georgia voters are being asked to approve a new and controversial way to improve public education. The proposal would empower the state to take over chronically failing schools or convert them to charters or even close them.
It’s called Amendment 1 on the Nov. 8 ballot, and it’s called the Opportunity School District in the legislation that authorized it. The Georgia General Assembly passed Senate Bill 133 during this year’s session with the required two-thirds majority in both chambers. The referendum now needs a simple majority from voters to become law.
Then it asks voters this question:
“Shall the Constitution of Georgia be amended to allow the state to intervene in chronically failing public schools in order to improve student performance?”
Gov. Nathan Deal’s OSD proposal, based on similar initiatives in Louisiana and Tennessee, would allow Georgia’s governor to appoint an OSD superintendent, separate from the Georgia Department of Education superintendent, who is elected by voters. The OSD superintendent could take over as many as 20 eligible schools each year and control no more than 100 such schools at any time. The OSD superintendent could waive Georgia Board of Education rules, reorganize or fire staff and change school budgets and curriculum. The state also could convert OSD schools to nonprofit or for-profit charter schools or close them if they don’t have full enrollment.
The state would use the College and Career Ready Performance Index to determine which schools are eligible for takeover. Schools that score below 60 on the 100-point CCRPI for three straight years could be included in the OSD. Those schools would stay in the OSD for no less than five years (or, if they are an OSD charter school, for the length of the initial charter’s term) and no more than 10 years before returning to local control. Opportunity Schools could be removed from the OSD whenever they are graded above an F in the state’s accountability system for three straight years.
Muscogee County had 10 of the 141 schools on the state’s original list of chronically failing schools released last year. Georgetown and Rigdon Road elementary schools, however, improved enough with other schools in the state on the 2015 CCRPI to move off the list. That leaves 127 schools in Georgia and these eight in Muscogee on the current list: Baker Middle School and Davis, Dawson, Forrest Road, Fox, Lonnie Jackson, Martin Luther King Jr. and South Columbus elementary schools.
The case for Yes
OSD proponents cite the number of chronically failing schools as the most obvious reason to try something drastically new. They also note the reduction in the number of chronically failing schools since the threat of state takeover became possible after Senate Bill 133 passed.
Deal says on his proposal’s website, “While Georgia boasts many schools that achieve academic excellence every year, we still have too many schools where students have little hope of attaining the skills they need to succeed in the workforce or in higher education. We have a moral duty to do everything we can to help these children. Failing schools keep the cycle of poverty spinning from one generation to the next. Education provides the only chance for breaking that cycle. When we talk about helping failing schools, we’re talking about rescuing children. I stand firm on the principle that every child can learn, and I stand equally firm in the belief that the status quo isn’t working.”
Alyssa Botts, spokewoman for the pro-Amendment 1 campaign committee Opportunity for All Georgia Students noted, “The graduation rate for students attending failing schools is an abysmal 55.7 percent,” compared to the most recent statewide figure of 78.8 percent in the class of 2015.
“A school that fails to properly educate its students perpetuates cycles of poverty and increases the likelihood of incarceration,” Botts said in an email to the Ledger-Enquirer. “For many students, educational opportunities provide the best chance to break out of these cycles. … Voting ‘yes’ for the Opportunity School District amendment is a vote to ensure that future generations of Georgians will have the best opportunities available. No child in Georgia should be forced by law to attend a failing school.”
The governor-appointed Georgia Board of Education and the Georgia Chamber of Commerce have endorsed the OSD referendum.
Michael O’Sullivan, executive director of the Georgia Campaign for Achievement Now, part of the 50-state CAN nonprofit organization advocating “a high-quality education for all kids, regardless of their address,” has successfully fought a similar political battle, helping to convince voters to approve the 2012 Georgia charter school amendment. And the OSD is the next logical step, he figures.
“What this has done is create a sense of urgency for districts to act,” O’Sullivan said in an interview with the Ledger-Enquirer. “Voters should be asking what’s being done now? What plans are in place to improve our schools? That’s the ultimate goal. How can we ensure that every student in the state has access to quality education? Right now, 68,000 students attend a school that has failed at least three years or more.”
The opposition is based on being “afraid of loss of control,” O’Sullivan said. “… It’s my hope that opponents would be putting as much effort into fixing their schools so they aren’t eligible for the OSD. I can tell you which option will be best for schools.”
O’Sullivan emphasized that state takeover is only one option for intervention in the OSD.
“There is the ability for the state to assist schools that are failing for one year or two years, and then, after three years, there is a multiple intervention model,” he said. “One is a joint governance structure, with the OSD and the local school district working together to turn around the school.”
Addressing concerns that OSD schools would receive less funding, O’Sullivan said, “Whatever amount that would have been dedicated to that school remains in that school.”
Louisiana enacted the Recovery School District in 2003. The RSD comprises 62 autonomous charter schools in Orleans, East Baton Rouge and Caddo parishes with a total enrollment of more than 32,000 students, according to the RSD’s 2015 annual report. The percentage of RSD schools considered to be failing has been reduced from 44 percent in 2011 to 19 percent in 2015, the report says.
According to the RSD’s 2014 annual report, the percentage of students performing at the basic level or above increased 29 percentage points from 2008 to 2014, while the state average increased 9 percentage points.
In New Orleans, 63 percent of the public school students are in the RSD. According to a June 2015 study by Patrick Sims and Vincent Rossmeier of the Cowen Institute for Public Education Initiatives at Tulane University, “the percentage of (New Orleans) students at the basic level or above has increased 15 percentage points over the past six years. That growth has largely come from the RSD, which has improved by 20 percentage points.”
In Tennessee, as of the 2015-16 school, there were 29 schools in the Achievement School District, enacted in 2010 with the goal of moving the state’s bottom 5 percent of school into the top 25 percent of student achievement. The ASD has made progress, according to its July 2015 report.
“Over a three-year period, ASD students have earned double-digit gains in math and science proficiency and have grown faster than their state peers,” the report says.
The ASD reading scores, however, declined along with the state average.
“We know from national research and our own experience that reading growth tends to lag behind other subjects in a school turnaround setting,” Malika Anderson, then the ASD deputy superintendent and now its superintendent, says in the report.
The case for No
Georgia Federation of Teachers president Verdaillia Turner, a retired Atlanta educator, has seen the statistics that indicate state takeovers improved student achievement, but her organization touts evidence that argues otherwise.
The federation says in its campaign literature that the Southern Poverty Law Center filed a lawsuit against the state-created school district in New Orleans on behalf of 4,500 students for denying appropriate services. A July 2015 SPLC fact sheet notes that, while an average of 19.4 percent of students with disabilities graduated high school in Louisiana, only 6.8 percent of them graduated in the Recovery School District.
A February 2016 report titled “State Takeovers of Low-Performing Schools: A Record of Academic Failure, Financial Mismanagement and Student Harm” from the Center for Popular Democracy, a liberal-leaning nonprofit advocacy group, found that state takeovers of schools in Louisiana, Michigan and Tennessee produced:
▪ “Negligible improvement — or even dramatic setbacks — in their educational performance.”
▪ “A breeding ground for fraud and mismanagement at the public’s expense.”
▪ “High turnover and instability” among staff, “creating a disrupted learning environment for children.”
▪ “Harsh disciplinary measures and discriminatory practices” for students of color and those with special needs.
Turner fears too much of the motivation for the OSD proposal is about creating profit opportunities in public schools for private charter school companies.
“The bottom line here is that this is a new business at the public’s expense,” Turner said in an interview with the Ledger-Enquirer. “The only thing public about these schools is our tax dollars.”
The federation notes the OSD may retain 3 percent of state funds for administrative operations, reducing the amount of money available for instruction.
“I love my state, and I respect the office of the governor and all of government,” Turner said. “However, this is still a democracy, and we believe that educators and the public need not be misled by what’s about to happen.”
That includes the OSD superintendent’s authority to “get rid of people at will” at any OSD school, Turner said. “The law says, the last line in Senate Bill 133 says, all laws in conflict with this act are repealed.”
Turner noted the state’s standardized testing system has changed the past five consecutive years. “Therefore, we know it’s not reliable,” she said.
In many chronically failing schools, Turner said, “children end up going to jail. But in many of these same schools, children go to Yale. So we need to have a real conversation about what makes schools work.”
The Atlanta Journal-Constitution has reported that a political group called the Committee to Keep Georgia Schools Local has a TV ad campaign opposing the OSD referendum. The group includes the Georgia Association of Educators, Georgia AFL-CIO, the Professional Association of Georgia Educators, Georgia Stand-Up, the Coalition for the People’s Agenda, Public Education Matters, Southern Education Foundation, Working America, Pro Georgia, Better Georgia, Georgia Federation of Teachers and Concerned Black Clergy of Metro Atlanta, according to the AJC.
The Georgia School Boards Association’s board of directors voted to oppose the amendment. School boards representing the counties of Bibb, Chatham, Cherokee, Clayton, Fayette, Henry, Richmond and Troup have expressed opposition.
The Muscogee County School Board was scheduled to join them last month, but the proposed resolution was deleted from the agenda between the Sept. 12 work session and the Sept. 20 meeting. Neither superintendent David Lewis nor board chairman Rob Varner has responded to the Ledger-Enquirer’s requests for an explanation.
Responding on their behalf, MCSD communications director Valerie Fuller also didn’t explain the sudden change in thinking, who proposed the resolution, who rescinded it and why. Here is her statement in an email to the Ledger-Enquirer:
“The Muscogee County School District is a public school system, which is supported by taxpayer money. All of our stakeholders (taxpayers, students, parents, teachers administrators and staff) have different opinions on this proposal. Although we believe, and the results indicate, that we are making progress with our challenged schools, to take a side could anger supporters, who might say the BOE is opposed to helping ‘failing’ schools.
“We don’t think it would be wise for a publicly elected body to pass a resolution in opposition of this amendment that might result in controversy, causing unnecessary distractions from the work being done on behalf of these schools. Because this could result in a change to Georgia’s Constitution, we do believe it is important for voters to read and be fully informed about the amendment and its implications.”
In a letter Tuesday to school district superintendents and Regional Education Service Agency directors, Georgia Department of Education deputy superintendent for external affairs and policy Garry McGiboney reminded public school officials that the Georgia Office of the Attorney General advised the GaDOE in 2012, “Local school boards do not have the legal authority to expend funds or other resources to advocate or oppose the ratification of a constitutional amendment by the voters.”
Regardless of whether the proposed OSD is good for Georgia, the referendum’s wording doesn’t accurately explain it, some folks insist. The Georgia PTA called it “deceptive.”
“If the governor and state legislators believe the best way to fix struggling schools is to put them under state control and either close them or turn them over to charter schools, then let the language on the ballot reflect this initiative,” Georgia PTA president Lisa-Marie Haygood said in a news release. “As it stands, the preamble, and indeed, the entire amendment question, is intentionally misleading and disguises the true intentions of the OSD legislation.”
To that end, a class-action lawsuit was filed Sept. 27 against the governor, Lt. Gov. Casey Cagle and Georgia Secretary of State Brian Kemp. The three lead plaintiffs, all from metro Atlanta — parent Kimberly Brooks, First Iconium Baptist Church senior pastor Timothy McDonald III and Coweta County teacher Melissa Ladd — allege in the complaint that the wording is “so misleading and deceptive that it violates the due process and voting rights of all Georgia voters.”
Gerry Weber, an Atlanta lawyer representing the three lead plaintiffs, told the Ledger-Enquirer in an interview the Georgia Supreme Court ruled about 10 years ago that a challenge to the wording of ballot measures must be decided after the vote because the lawsuit would be moot if the proposal fails.
The Ledger-Enquirer asked Deal spokeswoman Jen Talaber Ryan for the governor’s response to the allegation about the referendum’s wording. Ryan replied in an email, “The opposition didn’t attend the publicly announced constitutional amendment meeting where the language was discussed and approved. Why don’t you ask them why? And the preamble and question say exactly what the OSD will do — provide a lifeline for children forced by law to attend a failing school. The only thing misleading here is the fact that national, outside special interest groups are spending money instead of local groups. After all, their go to line is about ‘local control.’ Hypocritical, don’t you think?”
Keep Georgia Schools Local campaign manager Louis Elrod told the Ledger-Enquirer in an email from media relations manager Michelle Davis, “It’s unbelievable that pro-school takeover advocates would make this charge. They are grasping at straws because they’re desperate and losing this fight.
“They know full well that many members of our bipartisan coalition of parents, teachers and public school advocates actively petitioned for changes to both the amendment and the ballot question at multiple hearings. The even more deceptive preamble language was drafted at a separate meeting in Deal’s office. Janet Kishbaugh of Public Education Matters Georgia says she and other opponents called and searched online daily to find an announcement of this meeting. It was later revealed that the preamble was written in Deal’s office in a meeting attended only by the three men who drafted the words.
“The pro-takeover campaign’s political maneuvering just confirms what we know about their intentions — this amendment is designed to silence parents and strip away local control.”
Do your homework and vote
The Georgia Partnership for Excellence in Education has taken a neutral position on the OSD referendum, but the partnership’s president, Steve Dolinger, is advocating this:
“The important thing is Georgia voters do their own homework on this issue and make their decision based on solid research and fact-finding, not emotion,” Dolinger, who was superintendent of Fulton County Schools (1995-2002), said in an email to the Ledger-Enquirer from Bill Maddox, the partnership’s communications director. “Both sides make compelling arguments, but it should always come down to what the voter feels is right for the children of our state.”
BY MARK RICE
Source
A Broken Promise: Agency-Based Voter Registration in New York City
Executive Summary
Voter registration is the number one barrier to the vote. An estimated 51 million eligible citizens, more than 24 percent of the electorate, could not cast a ballot on...
Voter registration is the number one barrier to the vote. An estimated 51 million eligible citizens, more than 24 percent of the electorate, could not cast a ballot on Election Day in the 2012 presidential election solely because they had not been registered. Registration and voting rates are particularly low for families with annual incomes below $20,000, voters of color, naturalized citizens, and those with limited English proficiency. Civic engagement levels are even worse in New York State. Fewer New Yorkers registered to vote and cast a ballot in the November 2012 general election than the national average.
Download the report here.
One proven method of increasing voter participation, particularly among underrepresented citizens, is voter registration at public agencies (“agency-based registration”). Well-administered voter registration programs established at public assistance agencies pursuant to federal law have helped register 15 to 20 percent of agency applicants. In 2000, New York City sought to expand voter registration opportunities at municipal agencies by enacting Local Law 29 (“the Pro-Voter Law”), which required 18 city agencies and, under certain circumstances, their associated subcontractors, to offer voter registration forms to all persons submitting applications, renewals, or recertification for agency services, or notifying the agency of a change of address. The law included each of the City’s 59 community boards as well. The last and only evaluation of the Pro-Voter Law, undertaken by the New York City Council over a decade ago, found that agencies were failing to offer voter registration.
In 2014, the Center for Popular Democracy, Brennan Center for Justice at NYU School of Law, Citizens Union of the City of New York, and the New York Public Interest Research Group formed the Pro-Voter Law Coalition and launched a new initiative to assess the agencies’ compliance with the law and opportunities to enhance the law’s impact. The Pro-Voter Law Coalition submitted Freedom of Information Law (FOIL) requests to each of the 18 city agencies; met with the Voter Assistance Advisory Committee at the New York City Campaign Finance Board; and, along with the Asian American Legal Defense and Education Fund and Make the Road New York, launched field investigations at 14 city offices subject to the Pro-Voter Law to measure their compliance with the law.
The FOIL responses and field investigations revealed widespread agency failure to implement the Pro-Voter Law. Specifically, they found:
Inconsistent adherence. Documents provided by the 12 agencies that responded to FOIL requests indicated scattered and inconsistent attention to the Pro-Voter Law; Noncompliance in a majority of interactions. In 84 percent of client interactions, agency officials failed to comply with the Pro-Voter Law’s requirement to offer voter registration application forms; Failure to provide language access. Agency failures extended to bilingual voter registration mandates. Specifically, only 40 percent, or 2 out of 5 agency clients whose primary language was not English were given translated voter registration applications; and No training of agency staff. All 11 of the agency employees who responded to training inquiries admitted that no agency staff receive regular training on voter registration procedures.These findings are particularly significant given that over 30 percent, or 18 of 59 citizen clients interviewed at the agencies required to comply with the Pro-Voter Law’s mandates reported they were not registered to vote.
Agency failure to comply with the Pro-Voter Law marks a lost opportunity to increase New York City voter registration rates and, by extension, voter participation in the city. Expanding opportunities for New Yorkers to register to vote at municipal agencies will require a concerted commitment by the Mayor, City Council, and municipal agency heads. The Pro-Voter Law Coalition is joined by the Asian American Legal Defense and Education Fund, the League of Women Voters of the City of New York, Common Cause New York, and Make the Road New York in issuing the following 12 recommendations to help ensure that every eligible city resident is registered to vote when interacting with city agencies subject to the Pro-Voter Law.
Click here to download the report.
2 days ago
2 days ago