Las escuelas independientes (charter) han proliferado en las últimas dos décadas con repetidas promesas de mejorar la calidad de la educación. Su ascenso ha sido tan rápido que hoy en día, el número de alumnos matriculados en muchas escuelas públicas está disminuyendo vertiginosamente, y se tiene previsto que en la próxima década algunos distritos pierdan hasta un tercio de sus estudiantes con relación a principios de siglo. Muchos distritos afectados por esta tendencia se están viendo forzados a despedir maestros, enfermeros y otro personal importante que apoya a los alumnos que quedan en las escuelas públicas.

La ley federal Every Student Succeeds, promulgada a fines del año pasado, no hará sino acelerar esta tendencia. Se proyecta que la ley aumentará al doble el gasto en escuelas charter durante la próxima década.

Sin embargo, a pesar de la explosión en ese sector, la supervisión se ha quedado atrás y, hoy en día, hay cada vez más motivos de preocupación. En un estado tras otro, las investigaciones han revelado mala administración, abusos y fraude descarado en las escuelas charter, incluso en aquellas elogiadas por sus buenos resultados. Una encuesta reciente de escuelas charter en todo el país realizada por el Center for Popular Democracy, descubrió que han despilfarrado la asombrosa cantidad de $216 millones desde 1994.

La ciudad de Nueva York no ha sido inmune al problema. En la extensa red de KIPP, por ejemplo, la escuela pagó casi $70,000 para llevar al personal en viajes de varios días al Caribe para fines presuntamente educativos, pero se detectaron pocas actividades de desarrollo profesional durante la estadía, según descubrió una auditoría en el año 2006.

En 2010, Joel Klein, secretario del Departamento de Educación, ordenó que la East New York Preparatory Charter School cerrara sus puertas después de que se reveló que la fundadora y directora de la escuela se había nombrado superintendente y se había dado un aumento de $60,000.

Muchas otras escuelas charter en toda la ciudad enfrentan preguntas sobre gastos cuestionables. El informe del CPD descubrió que muchas escuelas en la ciudad no documentaban sus gastos, no divulgaban casos de conflicto de intereses ni usaban licitaciones competitivas para asegurarse de comprar productos y servicios al mejor precio.

No se puede permitir que continúe esta situación, particularmente porque se tiene previsto que las escuelas charter aumenten exponencialmente en años próximos. El informe del CPD recomienda varias maneras de asegurar que los gastos de dichas escuelas se mantengan en regla, lo que incluye auditorías para detectar y evitar el fraude, y mecanismos para aumentar la transparencia de quienes operan escuelas charter.

Los encargados de dictar la política deben redoblar sus esfuerzos para promulgar medidas de supervisión incluso más estrictas y asegurar que todas las escuelas charter gasten su dinero sensatamente. A no ser que vigilemos este sector más estrechamente, en años próximos podrían desaparecer millones, perjudicando así a estudiantes y padres de familia en toda la ciudad.

By Kyle Serrette  

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