En mayo de 2024, la coalición Puerto Rico No Se Vende, Hedge Clippers y el Center for Popular Democracy publicaron un informe sobre el enorme acceso e influencia que los beneficiarios de la Ley 22 tienen sobre los cargos electos de Puerto Rico. Entre 2013 y 2023, las personas beneficiarias de la Ley 22 hicieron más de un millón de dólares en donaciones políticas. Este dinero se destinó a veintiún cargos públicos electos de Puerto Rico, además de donaciones directas al Partido Popular Democrático (PPD) y al Partido Nuevo Progresista (PNP), los dos principales partidos políticos de la isla.

El análisis de data del 2024 revela que las figuras políticas en los cargos públicos más altos siguieron recibiendo donaciones de la Ley 22 este año electoral. Cabe destacar a Pedro Pierluisi, el actual gobernador, a Jenniffer González Colón, la actual comisionada residente (y candidata a la gobernación en 2024), e integrantes de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, así como a las alcaldías de los pueblos con el mayor número de personas exentas por la Ley 22, como San Juan y Dorado.

Los registros de la Oficina del Contralor Electoral revelaron que las personas beneficiarias de la Ley 22 donaron más de $210,000 a las figuras políticas de Puerto Rico en los siete meses comprendidos entre enero y julio del 2024.