Source: El Diario

Ete mes, el alcalde de la ciudad de Nueva York Bill de Blasio anunció un sueldo mínimo garantizado de $15 para todos los empleados del gobierno municipal para fines de 2018. Esta es una gran victoria para más de 50,000 empleados en toda la ciudad que pasan apuros para mantener a su familia, incluidos aquellos directamente en planilla y decenas de miles que trabajan en organizaciones sin fines de lucro contratadas por la ciudad.

A diferencia de Seattle y Los Ángeles, donde los funcionarios municipales tienen el poder para aumentar el sueldo mínimo de todos los empleados de su ciudad, el alcalde De Blasio no puede aumentar los salarios de todos los trabajadores de la ciudad de Nueva York unilateralmente. El gobernador Andrew Cuomo y la legislatura estatal tienen ese poder. Los esfuerzos del gobernador por incrementar el salario mínimo a $15 se están viendo obstaculizados por el Senado estatal, que está controlado por los republicanos.

La decisión de De Blasio de aumentar los sueldos de los empleados municipales es un paso independiente crucial hacia una ciudad más equitativa y debe inspirar a otras ciudades en el país. También refleja el poder e ímpetu de un movimiento revolucionario encabezado por los trabajadores que exigen salarios más altos en todo el país.

Incluso mientras los gobiernos estatales y el gobierno federal arrastran los pies con respecto al asunto inevitable de un salario mínimo decente para las familias trabajadoras en los Estados Unidos, el audaz paso que dio De Blasio muestra que las ciudades pueden y deben tomar las riendas del problema.

El aumento del salario mínimo por el alcalde se produjo poco después de su anuncio el mes pasado de que a los 20,000 empleados no sindicalizados de la ciudad se les otorgaría seis semanas de licencia remunerada por maternidad/paternidad y hasta 12 semanas, cuando se combine con licencias existentes. El alcalde ahora ha pasado a negociar los mismos beneficios con los sindicatos de la ciudad. Nuevamente, los trabajadores del sector privado de la ciudad de Nueva York deben esperar a que Albany o Washington, D.C. tome medidas con respecto a licencia familiar pagada para todos.

Las medidas recientes del alcalde De Blasio apoyan su objetivo de sacar a 800,000 neoyorquinos de la pobreza durante los próximos diez años. Más de 20 por ciento de la población de la ciudad vive en condiciones de pobreza, un enorme sector de una ciudad normalmente relacionada con extraordinaria riqueza.

En los dos últimos años se ha visto un ímpetu sin paralelo de parte de los propios trabajadores exigiendo sueldos decentes, desde la ciudad de Nueva York hasta Los Ángeles y Chicago, lo que resultó en aumentos salariales para los trabajadores de negocios de comida rápida y otros grupos.

Los trabajadores no esperan pacientemente a los funcionarios públicos; se están organizando de manera sin precedente. Alcaldes progresistas como De Blasio están respondiendo con políticas sensatas, mientras los funcionarios que no desean responder ya saben lo que se viene. Ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Chicago están preparando el terreno y mostrando que es posible actuar independientemente de gobiernos estatales y el gobierno federal.

Además, varios estados han promulgado leyes que aumentan el salario mínimo por encima del mísero estándar de $7.25 por hora. Actualmente se realizan campañas en 14 estados y cuatro ciudades para aumentar el sueldo mínimo y los estándares a favor de los trabajadores. El ímpetu se está convirtiendo en una avalancha que tendrá consecuencias profundas en las elecciones presidenciales del 2016.

Casi la mitad de los trabajadores del país ganan menos de $15 por hora y 43 millones se ven forzados a trabajar cuando están enfermos o tienen la necesidad urgente de cuidar a alguien, o de lo contrario, ponen en peligro su empleo. Es el momento de que las ciudades escuchen a sus trabajadores y pasen por encima de la pasividad estatal y federal a fin de permitir que millones de estadounidenses que trabajan muy duro mantengan a sus familias.

-JoEllen Chernow es directora de la campaña a favor del salario mínimo y licencia pagada por enfermedad en el Center for Popular Democracy.