NYC debe apoyar a la numerosa población inmigrante para asegurar una fuerza laboral exitosa
NYC debe apoyar a la numerosa población inmigrante para asegurar una fuerza laboral exitosa
Marta tiene dificultad para encontrar trabajo últimamente. Con frecuencia, cuando va a solicitar empleo haciendo comida...
Marta tiene dificultad para encontrar trabajo últimamente. Con frecuencia, cuando va a solicitar empleo haciendo comida o labores domésticas, lo primero que le preguntan es, “¿Habla inglés?” Marta siempre responde la verdad, que solo sabe un poco.
Con frecuencia, los empleadores la rechazan porque quieren personas que dominen el inglés. “Estos días, la verdad que es muy difícil conseguir trabajo”, dijo Marta.
La ciudad de Nueva York tiene la población inmigrante más diversa entre todas las grandes metrópolis del mundo. Los inmigrantes constituyen más de 40% de la población y casi la mitad de la fuerza laboral de la ciudad.
Pero la ciudad enfrenta una paradoja: si bien la tasa de empleo entre los inmigrantes es más alta que la de los oriundos de Nueva York, un porcentaje desproporcionado de aquellos tienen empleos con poca paga, sus ingresos promedio son más bajos que los de las personas nacidas allí y, con frecuencia, se ven más afectados por la pobreza. Muchos de ellos, al igual que Marta, tienen conocimientos limitados de inglés, lo que puede dificultar que encuentren un trabajo bien remunerado.
Desde que el alcalde de Nueva York Bill de Blasio asumió el mando hace poco más de dos años, la ciudad ha comenzado a reestructurar el sistema de desarrollo de la fuerza laboral, lo que crea una oportunidad importante de eliminar las injusticias que enfrentan los neoyorquinos inmigrantes.
El nuevo marco de la ciudad para su sistema de desarrollo de la fuerza laboral, llamado Career Pathways, promete invertir un nivel sin precedente de fondos en capacitación laboral y educación orientado a los trabajadores más vulnerables de la ciudad, para asegurar que la inversión de la ciudad en la fuerza laboral sea uniforme en las diversas agencias municipales y colaborar con los empleadores y otras partes interesadas a fin de mejorar la calidad de los empleos con salarios más bajos en la ciudad.
Ahora que se está implementando el nuevo marco para el desarrollo de la fuerza laboral, se debe aprovechar la oportunidad para asegurar que se atiendan las necesidades de la numerosa fuerza laboral inmigrante de Nueva York. La gran mayoría de los trabajadores en las ocupaciones de mayor crecimiento en la ciudad, desde auxiliares de servicios de salud a domicilio hasta obreros de construcción, enfermeros diplomados y programadores de computadoras, son inmigrantes. Como tal, los trabajadores inmigrantes son fundamentales para la vitalidad económica de la ciudad, y su éxito debe ser primordial en la reforma del sistema laboral de la ciudad.
Los trabajadores inmigrantes y postulantes a empleo enfrentan muchas barreras singulares que limitan su superación en la fuerza laboral. Por ejemplo, un número considerable de inmigrantes no hablan inglés bien y tienen, en promedio, un nivel más bajo de educación formal.
Al mismo tiempo, hay miles de inmigrantes con grados universitarios u otras credenciales educativas que no se reconocen en Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen otra opción que realizar trabajos en los que no se aprovechan del todo sus aptitudes y talento. Además, entre los trabajadores con salarios bajos, que son mayormente inmigrantes, la explotación es algo común. Esto es particularmente cierto en el caso de los trabajadores indocumentados y quienes trabajan en la economía informal.
El éxito del plan de Career Pathways depende de su capacidad de eliminar las principales barreras que enfrentan los neoyorquinos inmigrantes. Un informe preparado conjuntamente por el Center for Popular Democracy y Center for an Urban Future identifica estas barreras y describe una estrategia coordinada para enfrentar los obstáculos que impiden que los trabajadores inmigrantes alcancen plenamente su potencial.
Específicamente, la ciudad y las entidades privadas que financian la fuerza laboral deben invertir en clases de inglés, educación de adultos y programas de capacitación y titulación para trabajadores con diversos niveles educativos y de dominio de inglés. Esto les permitiría aprender las destrezas que necesitan para ser competitivos en la fuerza laboral y evitaría que se estanquen en empleos con poca paga.
En segundo lugar, la ciudad debe asegurar que los trabajadores inmigrantes estén enterados de estos servicios al asegurarse de que se ofrezcan en los vecindarios donde los inmigrantes viven o trabajan. Una gran manera de hacerlo es asociarse con organizaciones sin fines de lucro en las comunidades inmigrantes y asegurar que los fondos disponibles estén llegando a los programas laborales en las comunidades inmigrantes.
Finalmente, una estrategia de desarrollo de la fuerza laboral que es eficaz para los inmigrantes debe mejorar la calidad de los empleos con salarios bajos que ocupan a tantos de ellos. Esto incluye mejorar las leyes de protección laboral y velar por su cumplimiento, algo que con frecuencia no se hace, además de lograr un sueldo mínimo más alto y acceso a licencia pagada por enfermedad. Los mismos empleadores son una parte importante de esta conversación, y la ciudad debe usar su influencia para ayudarlos a mejorar la calidad de sus empleos peor pagados.
Sin un enfoque coordinado para asegurar que los servicios de desarrollo laboral estén atendiendo a los inmigrantes, el plan de la ciudad corre el riesgo de pasar por alto a un grupo enorme de trabajadores y personas que buscan empleo. En este momento tenemos la oportunidad de asegurar que se incluyan a los inmigrantes como parte esencial de este plan.
By Kate Hamaji & Christian González-Rivera
Source
Under Trump, local governments become activists
Under Trump, local governments become activists
Christine Knapp had been on maternity leave for nearly three months, but on Wednesday the director of the mayor’s...
Christine Knapp had been on maternity leave for nearly three months, but on Wednesday the director of the mayor’s Office of Sustainability hoisted a diaper bag on her shoulder, packed her 11-week-old daughter, Sabine, into a stroller, maneuvered into a creaky elevator in City Hall, and rode up to the mayor’s reception room. This was just too important to miss.
Read the full article here.
Dem lawmakers hear demands for ‘reparations’; but let’s call it THIS so nobody gets ‘uncomfortable’
Leaders of the Black Lives Matter group received widespread applause from a crowd of Democratic state legislators,...
Leaders of the Black Lives Matter group received widespread applause from a crowd of Democratic state legislators, Friday, for suggesting the government award the black community reparations for “systematic discrimination in law enforcement.”
“Thinking about decriminalization with reparations—the idea is we that have extracted literally millions of dollars from communities, we have destroyed families,” said Marbre Shahly-Butts, deputy director of racial justice at the Center for Popular Democracy, during her address at the State Innovation Exchange in Washington, D.C. “Mass incarceration has led to the destruction of communities across the country. We can track which communities, like we have that data.”
“And so if we’re going to be decriminalizing things like marijuana, all of the profit from that should go back to the folks we’ve extracted it from,” she continued.
The focus of state legislators should be “state budgets and then reparations,” Shahly-Butts said.
“‘Reparations’ makes people kind of uncomfortable, so we can call it ‘reinvestment’ if you want to. Use whatever language makes you happy inside,” she said.
Fellow panelist Dante Barry, executive director of the Million Hoodies Movement for Justice, also recommended some type of “reinvestment” to help black youth and said New York City would be better off investing $100 million in the black community rather than hiring more police.
“In terms of response around black youth unemployment, it gets back to this whole piece around reinvestment,” Barry said. “What would you do with $100 million? How would we better use that money to provide jobs for unemployed youth, to provide housing, to have mental health access. … It’s really about how do we rethink some of our budgetary needs and how we’re putting power behind the way that we can really incorporate reinvestment in communities.”
If there were one policy he would want state legislators to prioritize, Barry said it would be a ban on all guns on campus.
Source: Biz Pac Review
Regional Feds’ Head-Hunting Under Scrutiny Over Insider Bias, Delays
New York/Washington. Efforts to fill top positions at some US Federal Reserve regional branches are casting a spotlight...
New York/Washington. Efforts to fill top positions at some US Federal Reserve regional branches are casting a spotlight on a decades-old process that critics say is opaque, favors insiders, and is ripe for reform.
Patrick Harker took the reins as president of the Philadelphia Fed this week, in an appointment that attracted scrutiny because he served on the committee of directors that interviewed other prospective candidates for the job he ultimately took.
The Dallas Fed has been without a permanent president for more than three months as that search process stretches well into its eighth month. And the Fed’s Minneapolis branch abruptly announced the departure of its leader, Narayana Kocherlakota, more than a year before he was due to go, with no replacement named to date.
The delays and reliance on Fed employees in picking regional Fed presidents can only embolden Republican Senator Richard Shelby to push harder for a makeover of the central bank’s structure, which has changed little in its 101 years.
A bill passed in May by the Senate Banking Committee that Shelby chairs would strip the New York Fed’s board of its power to appoint its presidents. And it could go further, given the bill would form a committee to consider a wholesale overhaul of the Fed’s structure of 12 districts, which has not changed through the decades of shifting US populations and an evolving economy.
The bill is part of a broader conservative effort to expose the central bank to more oversight, and some analysts saw the Philadelphia Fed’s choice as reinforcing the view that the Fed needs to open up more to outsiders.
Nine of 11 current regional presidents came from within the Fed, a proportion that has edged up over time. Twenty years ago, seven of 12 were insiders.
“The process seems to create a diverse set of candidates in which the insider is almost always accepted,” said Aaron Klein, director of a financial regulatory reform effort at the Bipartisan Policy Center.
Since it was created in 1913, the central bank’s decentralized structure was meant to check the power of Washington, where seven Fed governors with permanent votes on policy are appointed by the White House and approved by the Senate.
The 12 Fed presidents who are picked by their regional boards usually vote on policy every two or three years, and they tend to hold more diverse views.
Former Richmond Fed President Alfred Broaddus told Reuters the regional Fed chiefs have more freedom “to do and say things that may not be politically popular” because they are not politically appointed. “On the other hand, there is the question of legitimacy since they are appointed by local boards who are not elected.”
“Tone deaf”
Two-thirds of regional Fed directors are selected by local bankers, while the rest are appointed by the Fed’s Board of Governors in Washington.
Critics question how well those regional boards — mostly made of the heads of corporations and industry groups meant to represent the public — fulfill their mission.
Last year, a non-profit group representing labor unions and community leaders organized by the Center for Popular Democracy, urged the Fed’s Philadelphia and Dallas branches to make the selection of their presidents more transparent and to include a member of the public in the effort.
Philadelphia’s Fed in particular proved “tone deaf” in its head-hunting effort, said Lou Crandall, chief economist at Wrightson ICAP in Jersey City, New Jersey.
Harker was a Philadelphia Fed director when the board started looking to replace president Charles Plosser, who left on March 1, and he was among the six directors who interviewed more than a dozen short-listed candidates for the job, according to the Philadelphia Fed.
But on Feb. 18, Harker floated his own name, recused himself from the process and a week later his colleagues on the board unanimously appointed him as the new president.
While the selection follows Fed guidelines and was approved by its Board of Governors, it raised questions of transparency and fairness.
“The Philadelphia Fed’s search process might have made perfect sense in a corporate environment, but is obviously problematic for an official institution,” said Crandall.
The board’s chair and vice chair, Swathmore Group founder James Nevels and Michael Angelakis of Comcast Corp, respectively, declined to comment, as did Harker.
Peter Conti-Brown, an academic fellow at Stanford Law School’s Rock Center for Corporate Governance, and an expert witness at a Senate Banking Committee hearing this year, proposed to let the Fed Board appoint and fire regional Fed presidents or at least have a say in the selection process.
In the past, reform proposals for the 12 regional Fed banks have focused on decreasing or increasing their number and their governance.
Changes to the way the regional Fed bosses are chosen could strengthen the influence of lawmakers at the expense of regional interests.
For now, delays in appointments of new chiefs force regional banks to send relatively unknown deputies to debate monetary policy at meetings in Washington, as Dallas and Philadelphia did last month when the Fed considered raising interest rates for the first time in nearly a decade.
The Minneapolis Fed still has time to find a new president before Kocherlakota steps down at year end.
“For now the Fed criticism is just noise, mostly from Republicans,” said Greg Valliere, chief political strategist at Potomac Research Group. “But once the Fed begins to raise interest rates … then the left will weigh in as well.”
Source: Jakarta Globe
How to Join the ‘Day Without Immigrants’ on May Day
How to Join the ‘Day Without Immigrants’ on May Day
A coalition led by immigrants and workers is aiming to mark this year’s May Day with the biggest workers strike and...
A coalition led by immigrants and workers is aiming to mark this year’s May Day with the biggest workers strike and mobilization in over a decade...
Read full article here.
Rivera and Camara Put Up Immigration Bill They Admit Won’t Pass This Session
New York Observer - June 16, 2014, by Will Bredderman - Four days before the legislative session in Albany ends for the...
New York Observer - June 16, 2014, by Will Bredderman - Four days before the legislative session in Albany ends for the summer, Bronx State Senator Gustavo Rivera and Brooklyn Assemblyman Karim Camara have proposed sweeping legislation granting full citizenship rights to undocumented immigrants living in New York state–legislation which even they admit will not get passed this session.
The bill that Mr. Rivera and Mr. Camara have sponsored will grant the right to vote in state and local elections, college financial aid, access to Medicare, drivers’ licenses, medical and chiropractic licenses and full civil rights protections to the three million-odd foreign nationals currently living in New York State without proper paperwork. The immigrants would be required to show proof of identity, proof they have lived in the state for three years, proof they have paid state taxes for three years, proof they have and will continue to obey state laws and a willingness to do jury duty.
“This is a bold idea. And we do not expect anything to pass quickly. But this sets things in motion,” Mr. Rivera, comparing the legislation to the push to legalize same-sex marriage, said at a press conference in Battery Park.
“The defeat of Cantor has made it clear we have to act quickly to protect the rights and privileges of all people living in this state,” Mr. Rivera said.
The bill would only pertain to the undocumented immigrants’ interactions in New York State, and would do nothing to alter federal recognition of citizenship, federal border security, or federal deportation policies.
Source
Thousands Today Say #WeRise To Reclaim Government For The People
Campaign for America's Future - March 11, 2015, by Isaiah J. Poole - At the office of Illinois Gov. Bruce Rauner, more...
Campaign for America's Future - March 11, 2015, by Isaiah J. Poole - At the office of Illinois Gov. Bruce Rauner, more than 2,500 demonstrators, most wearing white “We Rise” T-shirts, staged a protest against cuts in Medicaid and other social services. In Albany, N.Y., more than 2,000 people marched to the state capitol to protest education funding cuts. In Denver, dozens of activists came out in support of immigration rights measures, including driver’s licenses for undocumented workers.
These are just a few of the dozens of actions that took place in 16 states today as part of “We Rise: National Day of Action to Put People and Planet First.” Local and national progressive organizations mobilized around different aspects of a common agenda that stood in opposition to the right-wing and corporatist policies pushed through state legislatures in these states. The actions were all broadcast under the Twitter hashtag “#WeRise.”
“What we saw today was a stirring of the democratic spirit,” said Fred Azcarate, Executive Director of USAction. “People are upset at elected officials who spend more time working for big corporations and wealthy campaign donors than representing the people they were elected to serve. Today, people rose up to reclaim government and demand that legislators work for them and their families.”
The states where We Rise demonstrations were organized also include Arizona, Georgia, Idaho, Kansas, Massachusetts, Minnesota, New Jersey, Nevada, New Hampshire, Ohio, Pennsylvania and Wisconsin. The events were led by groups affiliated with National People’s Action, Center for Popular Democracy, USAction, and other allies.
“Apparently conservatives believe they have a mandate to give big corporations another free ride on the backs of everyday people,” said George Goehl, Executive Director of National People’s Action. “But they’re wrong. They have no such mandate. Instead, as we can see in the resistance to draconian policy or Chuy Garcia’s campaign to unseat Rahm Emanuel as Mayor of Chicago, there is a new brand of populism taking root in America. People are fed up with politicians doing the bidding of big money. They’re ready for leaders who will work for, not against, people and the planet.”
“Politicians working primarily on behalf of big corporations are making it harder and harder for families to get by,” said Ana María Archila, Co-Executive Director of The Center for Popular Democracy. “Our families won’t stand for this, and today thousands of workers and families raised our voices in state houses across the country to demand that elected officials join us in leveling the playing field so that each and every family can thrive.”
The Campaign for America’s Future is working with two of the organizations behind today’s “We Rise” events, National People’s Action and USAction, in sponsoring the “Populism2015″ conference in April, with the Alliance for a Just Society. One goal of that conference is to build political momentum from today’s events around a populist progressive agenda “for people and the planet.” Register for the April 18-20 conference in Washington through the Populism2015 website.
Activist Group Takes Out TV Ad Calling for Trump to Keep Yellen
The Center for Popular Democracy's Fed Up campaign broadcast a 30-second TV spot urging Mr. Trump to offer Fed...
The Center for Popular Democracy's Fed Up campaign broadcast a 30-second TV spot urging Mr. Trump to offer Fed Chairwoman Janet Yellen a second term. The ad ran during "Fox & Friends," a morning show the president watches and often reacts to on Twitter.
Read the full article here.
Fed chairman defends interest rate hikes as Trump’s attacks show no sign of working
Fed chairman defends interest rate hikes as Trump’s attacks show no sign of working
Several protesters from the progressive group Fed Up stood outside the conference room where Powell delivered the...
Several protesters from the progressive group Fed Up stood outside the conference room where Powell delivered the speech. Much like Trump, they say raising rates again will harm working people’s chances of getting jobs and better pay. The protesters wore green T-shirts reading “The Fed wants more of us unemployed.
Read the full article here.
The public compact
The public compact
It is always amusing to be the subject of a John McClaughry jeremiad. While I don’t mind being labeled as the “foremost...
It is always amusing to be the subject of a John McClaughry jeremiad. While I don’t mind being labeled as the “foremost defender” of public education, he insists on giving me full personal credit for what is a state school board position.
In the instant case, John appears to be affronted by the suggestion that private (independent) schools that take public money must actually be held accountable for that money. This principle is at the core of the state board’s review of the independent school rules. Now this seems like a straightforward and fundamentally democratic concept that is generally accepted, but it has been a long-standing problem for some.
The law (16 VSA 166) provides a list of reporting requirements for independent schools if they want to chow down at the public trough. Unfortunately, as far back as the 1914 Carnegie Commission, we find evidence of the refusal of some independent schools to provide private school data even though it was the law of the land. (At that time, the Cubs were still basking in the glory of their World Series victory.)
The second paramount principle is that we have to educate all the children — regardless of needs and handicaps. That’s a necessity in a democracy. Denying a child admission on the basis of a handicap is, in most cases, illegal. Furthermore, it’s wrong. Public schools serve every child. The false fear John peddles is that the private school can’t afford to serve these children. That’s incorrect. It’s really quite simple. While great eruptions of umbrage are displayed, this problem has been solved for years. The private school contracts with (or hires) a specialist who bills the costs back to the public school. Approval in a given area requires that one sheet of paper be filed with the state. As simple as the solution actually is, some independent schools refuse to adopt an equal opportunity policy.
Instead, John proposes that Vermont “clone” Florida’s McKay Scholarship program where parents can choose the school for their handicapped child. That hasn’t worked out too well. If you think a “business management class” that sends students onto the street to panhandle is an acceptable education, then the McKay program may be just your thing. The Florida Department of Education has uncovered “substantial fraud,” including schools that don’t exist, non-existent students, and classes held in condemned buildings and public parks. And the state of Florida does not have the staff to adequately monitor the program. This is a recipe for abuse. Last May, the Center for Popular Democracy estimated that $216 million in charter school money went out the back door.
Finally, John raises the cost question and says private school scholarships would be “less expensive.” Yet he also criticizes the cost of the state’s excess public school capacity. Now let’s look at Vermont’s private independent school numbers. In 1998, there were 68 independent schools, and by 2016, the number had exploded to 93. In the decade 2004-14, independent school enrollments went down from 4,361 to 3,392. A 37 percent increase in schools with a 29 percent drop in students suggests somebody needs to revisit their business plan.
Taking it all together, (1) all who profit from the public treasury must be accountable for that money, (2) children have the right to be admitted to private schools, free of discrimination, on an equal opportunity basis, (3) private schools are a part of our system, (4) the public purse must be protected from fraud and abuse, and (5) directly or indirectly building and operating a parallel school system would be inordinately expensive and wasteful. Do these principles sound reasonable?
William J. Mathis is managing director of the National Education Policy Center and a member of the Vermont state Board of Education. The views expressed here are his own and do not represent the views of any group with which he is associated.
Source
10 hours ago
10 hours ago