El fallido sistema inmigratorio de nuestro país tiene muchas víctimas. Los estudiantes que quieren ir a la universidad y no pueden pagar para seguir estudiando. Los trabajadores de granjas y fábricas sometidos a abusos por sus empleadores, quienes les roban parte del sueldo en cada cheque de pago. Los soldados que luchan por Estados Unidos en el extranjero y, tras su retorno, no tienen acceso a beneficios.

Además tiene un impacto diario en madres, padres y niños que deben enfrentar un sistema que no funciona para ellos y, en muchos casos, los perjudica de manera directa.

En Pensilvania, 22 de dichas madres se declararon en huelga de hambre esta semana para protestar una detención ilegal que hasta ahora dura varios meses más de lo prometido. Esta semana, sus partidarios llevaron el caso directamente al presidente Obama al manifestarse fuera del recinto en Martha’s Vineyard donde la primera familia pasa sus vacaciones.

Muchas de las madres llevan detenidas hasta un año en el Centro Residencial del Condado de Berks. Conforme a un dictamen del año pasado, no se permite detener a los migrantes más de aproximadamente 20 días, a no ser que representen una amenaza de seguridad. Usualmente, las familias transferidas a Berks han agotado las opciones para oponerse legalmente a su confinamiento y enfrentan la posibilidad de ser deportadas. No obstante, el año pasado, a muchas de las familias en Berks se les otorgó el derecho de renovar sus solicitudes de asilo. Desde entonces, se les ha mantenido en un limbo, sin poder salir de las instalaciones a pesar de repetidas solicitudes de sus abogados.

La experiencia ha tenido un impacto insoportable en los niños, algunos de ellos de apenas dos años, a quienes se mantiene tras las rejas con sus mamás, las autodenominadas Madres de Berks. Los sicólogos que han visitado Berks han observado en ellos indicios de depresión y retrasos en el desarrollo del habla y la cognición. Muchos niños han contemplado suicidarse.

Como si eso fuera poco, el Centro Residencial del Condado de Berks ha sido criticado repetidamente por condiciones infrahumanas, y se denuncian casos de agresión sexual y negación de atención médica para niños. Pensilvania revocó este año la licencia del centro, pero este sigue operando mientras apela la decisión.

Las Madres de Berks son un ejemplo extremo, pero representan a todos los migrantes que sufren por la falta de claridad con respecto a la situación legal de quienes vienen a este país. Hasta que los legisladores hagan algo al respecto y creen un sistema inmigratorio que funcione, miles seguirán pagando el precio. Ante eso, el gobierno del presidente Obama debe tener compasión con las familias en Berks y, mientras se determina su estatus, les debe dar a los niños la oportunidad de vivir en libertad.

-Shena Elrington es directora de derechos de inmigrantes y justicia racial en el Center for Popular Democracy

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