Nuestro análisis de las divulgaciones electorales revela que las personas beneficiarias de la Ley 22 han donado más de un millón de dólares en la última década —distribuidos entre veintiún cargos públicos electos de Puerto Rico— y directamente al Partido Popular Democrático (PPD) y al Partido Nuevo Progresista (PNP), los dos principales partidos políticos. Las figuras políticas que ocupan los cargos públicos más altos han recibido donaciones generosas de personas beneficiarias de la Ley 22. Cabe destacar a Pedro Pierluisi, el actual gobernador, y a Jenniffer González Colón, la actual comisionada residente de Puerto Rico, así como a integrantes del Senado y de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Las donaciones políticas hechas por beneficiarios de la Ley 22 también se perciben a nivel local, en las alcaldías de los pueblos con el mayor número de personas exentas por la Ley 22 (como San Juan, Dorado y Guaynabo), cuyos alcaldes reciben donaciones políticas. Estos resultados plantean serias dudas sobre 1) el poder e influencia que ejerce la comunidad de inversionistas sobre los cargos públicos electos de Puerto Rico y 2) el impacto que esto tiene sobre la población electoral a la que se supone que dichos cargos deben servir. Grupos comunitarios llevan años pidiendo a las agencias de gobierno que verifiquen si las personas beneficiarias de la Ley 22 están cumpliendo los requisitos de la ley. Sin embargo, el gobierno ha ignorado el reclamo y se ha tardado en pedir cuentas a quienes se benefician de la Ley 22 y en promover un cumplimiento riguroso de la ley. Su inacción perjudica a las comunidades puertorriqueñas afectadas por los costos exorbitantes de la vivienda, el deterioro de la red eléctrica, el recorte de pensiones, el cierre de escuelas y la prolongación de la crisis de la deuda. En vista de las conclusiones del informe, hacemos un llamado a los aspirantes en las elecciones de Puerto Rico de 2024 para que se comprometan a no aceptar ningún donativo asociado a la Ley 22. Además, reiteramos nuestro llamado a abolir la Ley 22/60 por el daño que ha causado al pueblo puertorriqueño.