CPD IN THE NEWS

Ocho años atrás, a raíz de ataques contra la comunidad local de inmigrantes y el fracaso de la legislatura estatal en expandir el acceso a licencias de conducir, la ciudad de New Haven creó el primer programa municipal del país que otorga un documento de identificación.

Poco a poco, otras ciudades siguieron el ejemplo de New Haven y reconocieron los grandes beneficios que otorga una identificación municipal, no solo para los residentes que no pueden obtener acceso a otros tipos de identificación emitida por el gobierno, sino por el bien de la vida política y económica en general.

Al principio, la adopción de programas de identificación municipal fue un proceso lento, pero se ha acelerado significativamente en el año 2015, impulsada en gran parte por el lanzamiento de la identificación municipal de la ciudad de Nueva York. El IDNYC , aprobado por el Concejo Municipal el año pasado y estrenado a inicios de este año por el alcalde Bill de Blasio, es ahora el más extenso programa de identificación municipal en el país, con más de 350,000 inscritos.

Sin la correcta identificación, una persona tal vez no pueda abrir una cuenta bancaria o cobrar un cheque, recibir atención médica en un hospital, inscribir a su hijo en la escuela, solicitar beneficios públicos, presentar una queja ante el departamento de policía, sacar libros de la biblioteca, votar en las elecciones o siquiera recoger un paquete de la oficina de correos. Con una simple medida, la identificación municipal elimina todas esas barreras.

Si bien las comunidades inmigrantes han sido una fuerza influyente al solicitar que las ciudades adopten programas de identificación municipal, los beneficiarios no se limitarán a las comunidades de inmigrantes.

La identificación municipal es una medida política de gran impacto, precisamente por su potencial de adaptarse a un amplio espectro de situaciones de la vida real. Una docena de ciudades tienen programas nuevos, y hay campañas a su favor en otras tantas. Estos programas tienen el propósito de reducir la falta de acceso a servicios municipales para jóvenes, personas sin hogar, ancianos, ex convictos y personas trasgénero.

Las ciudades también se están dando cuenta de que, para que sus programas de identificación local tengan éxito, deben ser atractivos para todos, incluso residentes que ya tienen otras formas de identificación. El uso de estos documentos de identificación otorga beneficios en negocios e instituciones culturales locales. De esta manera, las ciudades atraen una amplia gama de participantes, lo que le da mayor legitimidad a dicho documento en la comunidad.

Mientras continúe la lucha por la reforma a nivel federal, la identificación municipal es algo que los gobiernos locales pueden hacer para incluir y empoderar a los inmigrantes en su comunidad.

Programas como estos envían un mensaje de inclusión y bienvenida no solo dentro de los linderos de la ciudad donde existen, sino también externamente, hacia el resto del país y Washington DC, donde millones de vidas están en la cuerda floja, pendientes de un debate paralizado.

Source: El Diario

Según la abogado y directora de nuevos proyectos en Center For Popular Democracy, Xiomara Caro “una cosa es la ilegalidad, que se tendría que probar en un tribunal, pero que haya un conflicto de interés… Eso no requiere un doctorado. El mismo tipo que fue presidente de un banco, el Santander, que creció durante cierta época, luego es el presidente del Banco Nacional de Puerto Rico en el momento en el que se aplican las medidas de austeridad más ridículas”

Lea el artículo completo aquí.

It is always amusing to be the subject of a John McClaughry jeremiad. While I don’t mind being labeled as the “foremost defender” of public education, he insists on giving me full personal credit for what is a state school board position.

In the instant case, John appears to be affronted by the suggestion that private (independent) schools that take public money must actually be held accountable for that money. This principle is at the core of the state board’s review of the independent school rules. Now this seems like a straightforward and fundamentally democratic concept that is generally accepted, but it has been a long-standing problem for some.

The law (16 VSA 166) provides a list of reporting requirements for independent schools if they want to chow down at the public trough. Unfortunately, as far back as the 1914 Carnegie Commission, we find evidence of the refusal of some independent schools to provide private school data even though it was the law of the land. (At that time, the Cubs were still basking in the glory of their World Series victory.)

The second paramount principle is that we have to educate all the children — regardless of needs and handicaps. That’s a necessity in a democracy. Denying a child admission on the basis of a handicap is, in most cases, illegal. Furthermore, it’s wrong. Public schools serve every child. The false fear John peddles is that the private school can’t afford to serve these children. That’s incorrect. It’s really quite simple. While great eruptions of umbrage are displayed, this problem has been solved for years. The private school contracts with (or hires) a specialist who bills the costs back to the public school. Approval in a given area requires that one sheet of paper be filed with the state. As simple as the solution actually is, some independent schools refuse to adopt an equal opportunity policy.

Instead, John proposes that Vermont “clone” Florida’s McKay Scholarship program where parents can choose the school for their handicapped child. That hasn’t worked out too well. If you think a “business management class” that sends students onto the street to panhandle is an acceptable education, then the McKay program may be just your thing. The Florida Department of Education has uncovered “substantial fraud,” including schools that don’t exist, non-existent students, and classes held in condemned buildings and public parks. And the state of Florida does not have the staff to adequately monitor the program. This is a recipe for abuse. Last May, the Center for Popular Democracy estimated that $216 million in charter school money went out the back door.

Finally, John raises the cost question and says private school scholarships would be “less expensive.” Yet he also criticizes the cost of the state’s excess public school capacity. Now let’s look at Vermont’s private independent school numbers. In 1998, there were 68 independent schools, and by 2016, the number had exploded to 93. In the decade 2004-14, independent school enrollments went down from 4,361 to 3,392. A 37 percent increase in schools with a 29 percent drop in students suggests somebody needs to revisit their business plan.

Taking it all together, (1) all who profit from the public treasury must be accountable for that money, (2) children have the right to be admitted to private schools, free of discrimination, on an equal opportunity basis, (3) private schools are a part of our system, (4) the public purse must be protected from fraud and abuse, and (5) directly or indirectly building and operating a parallel school system would be inordinately expensive and wasteful. Do these principles sound reasonable?

William J. Mathis is managing director of the National Education Policy Center and a member of the Vermont state Board of Education. The views expressed here are his own and do not represent the views of any group with which he is associated.

Source

Una coalición de trabajadores latinos afroamericanos se reunirá este viernes con una de las personas más poderosas del sector económicos.

No vamos a hablar con un congresista ni senador, ni tampoco con el presidente Obama. En vez, le contaremos nuestra historia a una persona de la que pocos han oído; alguien sumamente importante, que está a cargo de dictar política: William Dudley, presidente del Banco Federal de Reserva de Nueva York.

La Reserva Federal es un banco central de Estados Unidos que en este momento es la más importante entidad de política económica, pues el Congreso no ha aprobado leyes significativas para estimular la economía y sacarnos de esta recesión. Eso significa que la Reserva Federal está tomando las principales decisiones sobre la economía, algo que históricamente ha hecho sin participación alguna del público.

Pero la coalición Fed Up, que incluye al Centro para la Democracia Popular, New York Communities for Change y Make the Road New York, se dedica a cambiar eso, pues la Reserva debe escuchar a la gente como usted y yo.

A pesar de lo que sabemos sobre la economía –la vida que llevan nuestras familias y su lucha diaria– miembros de la Reserva Federal como William Dudley se rehúsan a ver la realidad.

Tratan de afirmar que la economía se ha recuperado. Quieren aumentar las tasas de interés y dejar de estimular la economía antes de que el resto de nosotros siquiera tenga la oportunidad de recuperarse. Es una pésima idea.

El desempleo todavía es más alto y los salarios todavía son más bajos que antes de la recesión. Además, los salarios de los trabajadores afroamericanos en general no han aumentado en los últimos 15 años.

Dudley y otros miembros muy poderosos de la Reserva Federal viven en una burbuja y tratan de hacer que aceptemos el decepcionante nivel de desempleo y subempleo actual como algo normal.

Pero aún pasamos dificultades: el desempleo entre los latinos en Nueva York es de 8.5%, y el desempleo entre afroamericanos es de 11%. Por más que las cosas vayan bien en Wall Street para los amigos de William Dudley en Goldman Sachs, no van bien en Jamaica, Mott Haven, Sunset Park ni Washington Heights.

William Dudley ha dicho que la decisión de aumentar las tasas de interés representará un cambio tan profundo que será un “cambio de régimen”. Una decisión de tal magnitud es demasiado importante como para dejarla en manos de los banqueros de Wall Street.

Los desempleados, los subempleados, quienes trabajan demasiado y los mal pagados representan la mayoría en la economía, y tenemos el derecho a voz y voto.

Nos reuniremos con Dudley porque las decisiones más trascendentales de la Reserva Federal –las principales decisiones para toda la economía en este momento– son cruciales. Es necesario escuchar también las voces de los trabajadores latinos y de afroamericanos.