Campaign News

Univision - February 16, 2015 - Un juez federal de Texas suspendió temporalmente el lunes la entrada en vigor de la acción ejecutiva del presidente Barack Obama, un día antes de que comenzara la inscripción a la primera parte que frena la deportación de unos 2.4 millones de dreamers.

“No está permitido hacer nada para implementar ninguno de los nuevos programas que Obama anunció.”   El beneficio migratorio, anunciado el 20 de noviembre del año pasado por Barack Obama, en total, protege de la deportación a entre 4.5 y 5 millones de indocumentados, entre ellos, padres de ciudadanos y residentes legales permanentes (DAPA, por sus siglas en inglés) que están en el país desde antes del 1 de enero de 2010 y carecen de antecedentes criminales.   También amplía la cobertura de la Acción Diferida (DACA, por sus siglas en inglés) del 15 de junio de 2007 al 1 de enero de 2010, cuya entrada en vigor estaba prevista para este 18 de febrero. El juez Andrew S. Hanen dio la orden de frenar la medida y dictó que el gobierno federal no tiene permitido hacer nada para implementar ninguno de los nuevos programas que Obama anunció en noviembre.   Minutos después de haberse emitido la medida cautelar, el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien lidera la demanda, anunció el fallo provisional a través de su cuenta en Twitter. Juez federal acepto su pedido para detener la orden ejecutiva para indocumentados bajo el programa de DAPA. El fallo provisional de Hanen es en respuesta a una demanda presentada en diciembre por 26 estados, liderados por Texas, contra la acción ejecutiva. Veinticuatro de ellos, gobernados por republicanos, argumentan que Obama se extralimitó en sus funciones y que la medida viola la Constitución.   La decisión de Hanen significa que aquellos dreamers (soñadores) que tenían pensado enviar sus solicitudes para evitar ser deportados a partir de este miércoles, no podrán hacerlo. El dictamen provisional ocurre mientras la Corte Federal para el Distrito Sur de Texas, que preside Hanen, sigue revisando la demanda.   En su fallo, el juez asegura que "al haber hallado que al menos un demandante satisface todos los elementos necesarios para mantener la demanda", concede "un mandato judicial temporal" para suspender la aplicación de las medidas hasta que haya "una resolución final de los méritos de esta causa o una orden ulterior de este tribunal".   La acción ejecutiva frena temporalmente por tres años las deportaciones y concede un permiso de trabajo por el mismo periodo de tiempo. Al tercer año se esperaba que pudieran renovarse ambos beneficios.   Los demandantes habían pedido a Hanen que emita una "orden judicial preliminar" que bloqueara temporalmente tanto DACA como DAPA en tanto la querella sigue su curso. El Servicio de Inmigración comenzará a recibir solicitudes de quienes califiquen para Acción Ejecutiva Extendida. Wendy Feliz, representante del American Immigration Council, había advertido en la víspera que Hanen no estaba obligado a tomar una decisión antes de este miércoles, “pero se esperaba que lo hiciera”, reportó la agencia mexicana Notimex.   Otra de las opciones que tenía el juez, además de suspender temporalmente la acción ejecutiva, era no tomar acción alguna y también rechazar el otorgamiento de la suspensión pedida por los demandantes. También Hanen pudo haber emitido una orden de suspensión parcial contra algunos de los beneficios contenidos en la acción ejecutiva.   La decisión de Hanen ocurre en momentos que el Congreso, controlado por los republicanos, debate si aprueba el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para lo que resta del año fiscal 2015.   A finales de enero la Cámara de Representantes aprobó incluir dos enmiendas al proyecto, una que anula la acción ejecutiva y otra que prohíbe al DHS utilizar dineros del presupuesto en la ejecución de la medida.   El Presidente Barack Obama había advertido que vetará cualquier iniciativa de ley que frene la acción ejecutiva. Pero no puede vetar la medida de Hanen. Solo apelarla.   De no aprobarse el presupuesto antes del 27 de febrero, el DHS se quedará sin fondos para seguir operando, excepto áreas de emergencia de seguridad nacional.   Los republicanos, sin embargo, han dicho que seguirán desafiando la medida ya sea en el Congreso o en las cortes, y exigen al gobierno que escuche la voz del pueblo expresada en las urnas el martes 4 de noviembre del año pasado cuando concedió a los republicanos la mayoría en ambas cámaras del legislativo.   La demanda del 3 de diciembre fue entablada por el entonces gobernador electo de Texas, el republicano Greg Abbott, y luego secundada por otros 25 estados, 24 de ellos gobernados por republicanos. West Virginia y Montana están gobernados por demócratas, pero sus fiscales son republicanos. Nevada, un estado gobernado por el hispano Brian Sandoval, es otra de las sorpresas de esta demanda.   Los demandantes argumentaron en ella que Obama no siguió la Ley de Procedimiento Administrativo en la emisión de su directiva migratoria. Y sostienen que la acción ejecutiva de Obama, en la propia admisión del presidente, "cambia la ley y establece una nueva política, excede su autoridad constitucional y perturba el delicado equilibrio de poderes".   “La extralimitación constitucional por el presidente Obama es clara y muy preocupante”, señala el recurso.   El Center for Popular Democracy comentó que el fallo del juez Hanen es una medida cautelar temporal y que “no cambia el hecho de que la orden ejecutiva del presidente Obama sea una victoria para las familias inmigrantes.   “Hacemos un llamado al Departamento de Justicia para que presente inmediatamente una instancia ante el Quinto Tribunal de Apelaciones de Circuito para que sea desechada esta demanda sin mérito que se traduce en un ataque a las familias inmigrantes y una pérdida de dinero de los contribuyentes, dijo Joaquín Guerra, del Proyecto Organización de Texas (Texas Organizing Project) en un comunicado poco después de conocerse el dictamen de Hanen.   A mediados de enero, luego de una audiencia en la que ambas partes presentaron y defendieron sus argumentos, Hanen dijo que no emitiría un fallo sobre la solicitud de interdicto sino hasta antes del 30 de enero.   Señaló que el caso era "un área de debate legítimo" y que "no hay tipos malos en esto". Dijo que Brownsville y el sur de Texas han visto tanto los beneficios como los inconvenientes de la aplicación estricta de las leyes de inmigración y de lo que "algunas personas llaman una política laxa de aplicación".   Durante la audiencia Hanen admitió que había criticado la política de inmigración de Estados Unidos en dos fallos previos, pero también señaló que en ambos casos su determinación fue a favor del gobierno federal.   Además de Texas, los estados demandantes son Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina Norte, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Louisiana, Maine, Michigan, Mississippi, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Utah, Virginia del Oeste y Wisconsin.   Los estados que se oponen a la acción ejecutiva no solicitan una indemnización, sino que quieren que los tribunales bloqueen la acción ejecutiva y señalan que el mandatario se extralimitó en sus poderes.   Esta no es la primera vez que Hanen se pronuncia en contra de los inmigrantes. Hanen, el año pasado, acusó al gobierno de participar en conspiraciones criminales para llevar al país niños de contrabando al reunirlos con los padres que vivían en el país de manera ilegal.   Source

Top Federal Reserve officials defended their handling of monetary policy in a freewheeling meeting with liberal activists at the annual Fed conference in Jackson Hole, Wyo.

Much of the meeting centered on whether the Fed should raise interest rates, as it's widely expected to do before the end of the year, and the likely impact of a hike on poor and minority communities.

"The economy has recovered for much of white America, but for black and Latino workers it has not," said Rod Adams, of Neighborhoods Organizing for Change in Minneapolis.

"If you decide that we're at maximum employment now and you intentionally slow down the economy, you'll be leaving us behind, pulling up the ladder right after you've climbed it," Adams said.

"In no way do I want to see the economy stall. In no way do I want to see the economy stop growing," said John Williams, president of the Federal Reserve Bank of San Francisco.

Since monetary policy takes a while to have an impact, the unemployment rate is likely to keep falling for a while, even if the Fed raises rates this year, Williams said.

"If we do wait too long, what happens is eventually the economy creates imbalances or overheats and we get into situations somehow where we have to react to that and when we react to that, that often leads to a recession or some other bad outcome," Williams said.

"I think the Federal Reserve is very much committed to having a set of monetary policies in place that achieve maximum sustainable employment over time. Where there are differences are: What's the precise interest rate settings to achieve that goal?" said William Dudley, president of the Federal Reserve Bank of New York.

The hourlong meeting was organized by Fed Up, a coalition of some two dozen community groups, labor unions and liberal policy groups that have sought to influence Fed policy.

An unusually large number of Fed officials attended the meeting, including Vice Chair Stanley Fischer, Eric Rosengren of the Boston Fed and Kansas City Fed President Esther George.

While the meeting, which was billed as a "listening session," was mostly cordial, some of the activists made their unhappiness over Fed policy clear.

Fed officials did not object when Kendra Brooks of the Philadelphia group ACTION United called out the central bank for the lack of diversity among its governors, boards of directors and staff members.

"I would be very surprised if anybody in the Federal Reserve system thinks that we've done well on that," Dudley said.

Neel Kashkari, president of the Minneapolis Fed, said some progress has been made in diversifying his own staff and board of directors, but conceded more work needed to be done.

By JIM ZARROLI

Source

Sen. Susan Collins (R-ME) doesn't have the monopoly in telling happy lies about the Republican tax bill in hoping constituents will let her off the hook. On a flight back to Arizona Thursday evening, Sen. Jeff Flake (R-AZ) was politely confronted by fellow Arizonan Ady Barkan, who is also founder of Center for Popular Democracy's Fed Up campaign and was returning home after being arrested protesting the tax vote.

Read the full article here.

Oh, what a difference a year can make.

Last July, Federal Reserve chairwoman Janet Yellen endured criticism for House testimony in which she seemed to imply that there was little the Fed could do to address the disproportionately high African-American unemployment rate.

Not so on Tuesday. In her semi-annual testimony to the Senate Banking Committee, Yellen emphasized that the failure of the economic recovery to reach communities of color influences the Fed’s decision-making, and made a strong commitment to improving diversity at the central bank.

“Jobless rates have declined for all major demographic groups, including for African Americans and Hispanics,” Yellen said, according to her prepared remarks. “Despite these declines, however, it is troubling that unemployment rates for these minority groups remain higher than for the nation overall, and that the annual income of the median African-American household is still well below the median income of other U.S. households.”

Yellen’s policy argument has not fundamentally changed. It is the Fed’s job to maximize employment in the economy as the whole, she says, and it lacks the tools to target particular communities. And the Fed chief has clarified since last summer that she takes seriously how the Fed’s adjustment of interest rates can have an especially big impact on African Americans and Latinos, who have higher jobless rates.

But Yellen’s remarks and actions on Tuesday represent the Fed’s greatest demonstration yet that it is putting the concerns of communities of color front and center on its agenda.

The Fed Up campaign, a coalition of progressive groups that has led the push to make the Federal Reserve more responsive to workers in general, and communities of color in particular, was pleased with the focus of Yellen’s testimony.

“Each time since Yellen spoke last July, when she got pushback over what she said, she has gotten a little bit better,” said Jordan Haedtler, Fed Up’s campaign manager. “Now she is proactively showing that the Fed is assessing this data and does take this data into account.”

Diversity is an extremely important goal and I will do everything I can to further advance it.

This week’s hearings, held every six months in both chambers of Congress — the House will hold its hearing on Wednesday — are an opportunity for the Fed chair to update lawmakers about the overall state of the economy. As part of the briefing, the Fed releases an accompanying monetary policy report summarizing its economic assessment and research.

For the first time, the Fed chose to devote a section of its report to whether the “gains of the economic expansion [have] been widely shared.” That section focused on how the recovery affected different races and ethnicities differently.

The results are discouraging. Despite years of job growth, the rates of full-time work for African Americans and Latinos are a few percentage points lower than they were before the recession, while the rates among white and Asian-American workers have more or less reached pre-recession levels. And the median income of black households, which took the biggest hit of any group during the recession, has also been slower to recover, reaching only 88 percent of what it was in 2007, compared with about 94 percent for the other three groups.

Responding to a question about the new section from Sen. Sherrod Brown (D-Ohio), Yellen insisted that weighing the disparate impact of economic growth on a range of different groups is a key part of the Fed’s mission.

“There are very significant differences in success in the labor market across demographic groups,” she said. “It is important for us to be aware of those differences and to focus on them as we think about monetary policy and the broader work that the Federal Reserve does in the area of community development and trying to make sure that financial services are widely available to those that need it, including low- and moderate-income [households].”

Yellen also recognized the importance of diversity — of race, gender, professional background and ideology — within the Fed’s ranks in ensuring the bank remains sensitive to a broad array of Americans’ economic experiences.

She touted her creation of a task force in the Fed to improve its gender and ethnic diversity, but acknowledged there is more to be done.

“Diversity is an extremely important goal and I will do everything I can to further advance it,” Yellen said.

Progressive groups and their allies in Congress trying to make the Fed more accountable to the public have focused on increasing diversity and reducing Wall Street’s influence at the central bank. Eleven senators, including Elizabeth Warren (D-Mass.) and Bernie Sanders (I-Vt.), and 116 House members sent a letter to Yellen on May 12 urging her to prioritize the diversity of Fed officials, especially at the 12 regional Fed banks, which are privately owned. (Hillary Clinton expressed similar sentiments in a statement later that day.)

The makeup of the regional Fed bank boards is important because they are dominated by the big banks and have free reign to appoint their presidents. The regional Fed bank presidents hold five seats on the Federal Open Market Committee, the central bank panel that adjusts the benchmark interest rate. Currently, regional Fed presidents make up half of the FOMC’s influential votes.

As a result, the Fed officials with the power to raise interest rates and effectively increase unemployment are selected by people who are disproportionately white, male and from the finance and business sectors.

In the interests of changing that, the Fed Up campaign on Monday released a slate of 39 candidates for the regional Federal Reserve bank boards of directors. The candidates not only reflect racial and gender diversity, but also come exclusively from academic institutions, community groups and labor organizations.

“On racial and gender diversity there has been modest progress, though it has not taken place at the rate we would like to see,” Haedtler said. Haedtler added that there is even greater room for improvement when it comes to the diversity of professional backgrounds of board members and other top Fed officials, an area where he said there has been “regression” under Yellen’s watch.

By Daniel Marans

Source