En el 2021 se conmemora el quinto aniversario de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA), que creó el marco legal para la reestructuración de la deuda de $74 mil millones de Puerto Rico y que instauró la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, mejor conocida como la Junta de Control Fiscal o la Junta.A pesar de que el Congreso aprobó PROMESA para brindarle a Puerto Rico el alivio que tanto necesitaba en medio de una crisis aplastante de deuda, la Junta ha usado su poder para imponer medidas devastadoras de austeridad y para negociar planes de reestructuración de la deuda insostenibles que enriquecen a Wall Street a costa de los puertorriqueños. Ambos acercamientos entorpecen el desarrollo y el crecimiento económico de Puerto Rico y hacen que sea muy posible que la deuda de Puerto Rico pronto vuelva a ser insostenible. La Junta, que no ha sido electa por nadie ni le rinde cuentas a nadie, ha fracasado a la hora de cumplir con los mandatos fundamentales de PROMESA de representar los intereses de Puerto Rico en el proceso de la reestructuración de la deuda y de ayudar a Puerto Rico a lograr presupuestos balanceados y volver a tener acceso al mercado de capital.

Desde el 2006, el pueblo de Puerto Rico ha sufrido una recesión económica continua. En años recientes la isla ha soportado el embate de una serie de desastres naturales y, más recientemente, la pandemia del COVID-19. A lo largo de esta secuencia devastadora de desastres naturales y de salud pública la Junta sigue insistiendo en planes fiscales que: 1) imponen recortes austeros dañinos, 2) aseguran pagos robustos a los bonistas y a las firmas de Wall Street y 3) se aprovechan de los fondos federales de alivio de desastres para asegurar mayores ganancias a los bonistas de Wall Street.

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